Claridad y ‘posprocés’

Una de las principales críticas que ha recibido la propuesta de acuerdo de claridad hecha por el presidente Pere Aragonès, más allá del aleccionador ‘ara no toca’ con que ha sido recibido por algunos partidos -una reacción sorprendente por parte de aquellos que otros momentos de la historia no solo no cuestionaron la oportunidad de las propuestas en momentos complicados sino que las impulsaron, como la propuesta de referéndum en 2012- es que alimenta la rueda del 'procés'. Se supone que entendiendo por 'procés' el periodo de la historia de Catalunya que inició en 2012 y que se ha caracterizado por el intento de llevar a cabo una secesión unilateral por medio de un referéndum de independencia y en el que la agenda política ha estado monopolizada por esta cuestión y todas las políticas públicas supeditadas a ella. 

Sin embargo, si por 'procés' se entiende una etapa política caracterizada por la desaforada competencia entre ERC y en su día CiU y luego sus diversos sucesores hasta Junts per Catalunya, por conseguir la hegemonía en el campo independentista para gestionar la autonomía, la propuesta de claridad se ha de enmarcar en una nueva etapa política. Una etapa, ya 'posprocés', en la que se estaría produciendo un cambio en la dinámica de la competencia política, puesto que la competencia entre partidos se habría empezado a desplazar del espacio independentista hacia un espacio más central, interbloques, en el que, con independencia de la posición respecto a las relaciones Catalunya-Espanya, habría independentistas y no independentistas que tienen en común el reconocimiento del pluralismo, de la legitimidad del otro y la aceptación de los canales legales como límite para la consecución de sus proyectos políticos. Se trataría de un amplio espacio de aquellos que consideran que en democracia el diálogo, el consenso y el respeto a los procedimientos son la mejor manera de afrontar los conflictos políticos y en el que los dos principales partidos en disputa serían ERC y el PSC. 

El PSC, que siempre ha sido partidario del diálogo, siente amenazado su territorio de caza electoral por ERC, solo así se explica su rechazo a una iniciativa que tarde o temprano abrazará

De acuerdo con este punto de vista es muy posible que esta sea la razón de fondo por la cual el PSC se ha mostrado tan hostilrespecto de la propuesta de acuerdo de claridad. Algo incomprensible habida cuenta que este partido siempre se ha mostrado partidario del diálogo y no en vano ha sido promotor de la Mesa de Diálogo, en la que, conviene recordar, se ha apostado literalmente "por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático". Y eso exactamente lo que se pretende con el acuerdo de claridad. El PSC siente amenazado su territorio de caza electoral por ERC y teme perder el monopolio en esa posición política y solo así se explica por qué a pesar de compartir el fondo se parapete tras la excusa de que la claridad da continuidad al ‘procés’ para rechazar una iniciativa que, tarde o temprano, por coherencia interna o por necesidad, acabará abrazando. 

Naturalmente la apuesta por la claridad no ha de implicar que esta cuestión deba concentrar a partir de ahora todos los esfuerzos tal y como sucedió durante el ‘procés’ con el referéndum y con la independencia. Es imprescindible, y sobre todo tras las constatación de que los años del ‘procés’ han generado un gran déficit de políticas públicas y de planificación -seguramente el tema del agua es en estos momentos el más flagrante-, que el Govern y el Parlament prioricen la gestión de lo cotidiano y sean capaces de diseñar las políticas públicas del futuro. Pero a su vez, ni es aceptable el ‘ara no toca’, ni se puede pretender que no ha pasado nada ni que el conflicto político respecto al encaje de Catalunya en el conjunto de España está resuelto o que es tan irresoluble que mejor no abordarlo o que plantear cualquier alternativa al respecto es caer en la lógica procesista. Lo que hay que exigir a los poderes públicos es que sean capaces de gestionar los problemas cotidianos y los seculares y a poder ser, que sean capaces de resolverlos. En definitiva que exploten su lado femenino y sean multitarea.

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