Ajustes e inversiones

La Comisión Europea ha presentado esta semana su propuesta de nuevas reglas de la gobernanza económica de la Unión Europea (UE). La reforma es indispensable porque el 31 de diciembre de 2023 finaliza la suspensión de las reglas de déficit y deuda del pacto de estabilidad, una relajación adoptada para afrontar la crisis generada por la pandemia y prorrogada por el impacto de la guerra en Ucrania. La propuesta, que supone en la práctica una versión flexibilizada de las anteriores políticas de austeridad, incluye objetivos cuantitativos, como un ajuste presupuestario anual mínimo del 0,5% del producto interior bruto (PIB) para los países que superen el límite de déficit público del 3% del PIB, y programas de ajuste plurianuales (pero ampliados a horizontes de 4 a 7 años) para reducir de forma sostenida la deuda pública hasta el límite del 60% del PIB. La aprobación de la reforma requerirá arduas negociaciones, ya que Alemania y otros países frugales exigen ajustes más rigurosos, mientras que España, Francia, Italia y otros estados estiman que la propuesta es un punto de partida que requiere mucha más flexibilidad.

El Gobierno español ha decidido con buen criterio aprovechar su mayor crecimiento económico y la inversión facilitada por los fondos europeos Next Generation para adelantar a 2024 la reducción del déficit al 3% del PIB y sortear el mecanismo reforzado de disciplina presupuestaria. Pero los objetivos de la Comisión Europea no serán fáciles de alcanzar: deberían cumplirse las mejores expectativas de crecimiento y recaudación fiscal para lograrlos y al mismo tiempo mantener las ingentes inversiones públicas que han comprometido los países de la UE en defensa, transición verde, impactos del cambio climático y ayudas industriales y tecnológicas para contrarrestar las masivas subvenciones de Estados Unidos y China a sus empresas. El 'think tank' europeo Bruegel calcula que solo la política de defensa exigirá un gasto público adicional anual en los países de la UE equivalente al 0,7% del PIB de media y que las inversiones en la transición verde requerirán otra inversión pública adicional anual del 0,6% al 1,8% del PIB. A ello hay que añadir los fondos públicos para apoyar la industria y recuperar el retraso tecnológico.

Informe de EuropeG

Las políticas de austeridad de la pasada década tuvieron un elevado coste: bajo crecimiento e inversión, retraso tecnológico y un deterioro de los servicios públicos y aumento de la desigualdad que ha alimentado el voto del descontento y el crecimiento de la ultraderecha y la izquierda populista. Pero al mismo tiempo, que en contextos de crisis se hayan demostrado más eficaces las políticas expansivas del gasto que la austeridad a toda costa no implica que sean viables indefinidamente. La propuesta de la Comisión Europea aún debería ser ajustable en el sentido que apuntan las recomendaciones del grupo de reflexión EuropeG, 'Hacia una nueva gobernanza fiscal en la eurozona', elaboradas por el economista Paul De Grauwe de la London School of Economics y presentado recientemente en el Círculo de Economía de Barcelona. El informe recomendaba garantizar la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo pero al mismo tiempo diferenciar las reglas de vigilancia sobre el gasto corriente y la priorización de la inversión pública nacional y europea. La presidencia europea de España llegará en un momento clave del debate.