En defensa del debate sobre la claridad

El Govern ha aprobado la creación de un consejo académico que asesorará en la elaboración del acuerdo de claridad para resolver el conflicto político con el Estado. Se quiere que los favorables y contrarios a la independencia acuerden unas reglas de juego para decidir sobre el futuro político de Catalunya que sean aceptadas por todas las partes.

La idea de la claridad y la concreción política que quiere hacerse en Catalunya tiene como referentes Canadá y Quebec, y también Reino Unido y Escocia. Sin embargo, hay que prestar atención a las similitudes y diferencias entre estos casos y el nuestro, procurando buscar maneras similarmente razonables y adaptadas a nuestro contexto para resolver el conflicto que nos ha tocado vivir.

Desde ciertas filas independentistas se ha criticado la participación de académicos que se opusieron al referéndum del 1 de octubre y que justificaron la coerción que se desató. Ahora no toca hacer una defensa de una persona concreta, pero conviene contestar que, en general, si realmente quieren buscarse vías legítimas y factibles para caminar democráticamente hacia la independencia, es necesario incorporar voces y sensibilidades no independentistas.

Para que el conjunto de catalanes y españoles acepte un acuerdo de claridad, conviene partir de la premisa de que la independencia es y debe ser una opción posible, pero sin trazar un camino que la convierta en la única meta posible o deseable. Los que tenemos hijos pequeños estamos acostumbrados a decirles que para jugar bien es necesario que los distintos participantes acepten las reglas de juego y también la posibilidad de perder. Estas máximas parecen también aplicables al juego democrático.

Una de las causas de la falta de reconocimiento interno e internacional del referéndum del 1 de octubre de 2017 fue la falta de aceptación y participación de los contrarios a la independencia. Además, desde fuerzas políticas no independentistas a menudo se ha criticado la incoherencia de pedir una negociación política con Madrid mientras no se promueva ese debate dentro de Catalunya. El acuerdo de claridad puede ser una buena ocasión para tomarse en serio el pluralismo de la sociedad catalana y tejer consensos más allá de las filas independentistas.

El independentismo también es plural, y es bueno que lo siga siendo. Parte del independentismo ha asumido que, en un contexto político como el actual, la legitimidad y viabilidad de cualquier procedimiento o mecanismo para resolver el conflicto que nos ocupa dependerá en gran medida del consenso político y el encaje jurídico.

Otra de las críticas es que el acuerdo de claridad es una propuesta que nace de un gobierno con una mayoría parlamentaria débil. Resulta más interesante interrogarse sobre si esta iniciativa es capaz de sumar y si realmente termina sumando. En este sentido, una primera prueba de su capacidad de sumar voces y sensibilidades diversas la encontramos en la composición de su consejo académico, del que soy miembro.

En cualquier caso, cuando el Govern pide consejo, sea del color que sea, el deber cívico empuja a aceptar. Un académico debe tener espíritu crítico y practicar el arte de formular objeciones, pero también debe ser consciente de que lo realmente difícil es construir propuestas razonables que sean a la vez realizables y despierten amplios consensos. Aunque el consejo sobre la claridad no encuentre el desatascador del conflicto, puede contribuir a enriquecer el debate colectivo sobre la cuestión.

Ciertamente, se critica que un acuerdo de claridad no es posible en España, donde las fuerzas políticas y jurídicas que realmente controlan las instituciones centrales no están dispuestas a dialogar ni ceder. Sin embargo, desde Catalunya debería predicarse con el ejemplo. Cuanto mejor hechas las cosas aquí, más legítimamente se podrán reivindicar Ebro y Pirineos allá.

Conviene que todos seamos conscientes de las grandes dificultades de que vías canadienses o británicas tengan éxito en España. Pero también hay que tener presente que los obstáculos de las vías unilaterales, a pesar de ser diferentes, son tanto o más difíciles de superar. Sin embargo, la búsqueda de propuestas constructivas y aptas para sumar consensos podría ser, en sí misma, una manera de ganar legitimidad.

A diferencia de España, una de las preguntas clave en Canadá y Reino Unido ha sido qué expresión democrática haría surgir la obligación de negociar un nuevo estatus político para Quebec y Escocia. Como académicos, podemos animarnos a debatir sobre cuestiones políticas, filosóficas y constitucionales profundas (tal y como un servidor hace en el libro ‘Morality and Legality of Secession’), pero como miembros del consejo académico sobre la claridad estamos llamados a proponer vías prácticas que sean susceptibles de generar consenso político y encaje jurídico.

La búsqueda de este consenso y encaje recomienda que no nos concentremos en una vía concreta, ni mucho menos que nos obsesionemos con ella. Toda vía que pueda servir para expresar de forma legítima la voluntad democrática de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Catalunya puede ser interesante en la medida en que reciba un reconocimiento interno y externo significativo. El consejo sobre la claridad debería esforzarse por abrir el horizonte de posibilidades, sin olvidar que la política es el arte de perseverar para hacer posible lo que hoy se percibe como imposible.