Una oportunidad a la claridad

La puesta en marcha del proceso que ha de conducir a la propuesta de Acuerdo de Claridad del Govern de la Generalitat se ha demorado seis meses pero finalmente, esta semana, Pere Aragonès ha hecho público el método. Se trata de una metodología compleja por medio de la cual el Govern pretende nutrirse de diversas fuentes de legitimidad y que implicará, en fases sucesivas, a expertos que elaboraran un informe a partir de una preguntas que les formulará el propio Ejecutivo, a la sociedad civil organizada, a los partidos con representación parlamentaria, con la excepción de Vox, que ya ha sido explícitamente excluido, y a la ciudadanía por medio de un proceso participativo. De todo ello deberá surgir un documento final a partir del cual el Govern elaborará la propuesta que quiere presentar al Gobierno de España, con independencia de cuál sea su color político. 

El anuncio, como ya sucediera cuando el 'president' hizo pública la iniciativa en el debate de política general, no ha levantado demasiado entusiasmo sino más bien todo lo contrario, ya que ha sido objeto de críticas tanto en el campo independentista como en el campo constitucionalista, aunque obviamente, por distintas razones. Los primeros consideran que la propuesta supone un abandono del legado del 1 de Octubre y ven en la medida claros intereses electorales, mientras que los segundos consideran no solo que ahora no toca sino que el fondo la iniciativa no es más que un señuelo para volver al referéndum y que la Constitución ya es lo suficientemente clara al respecto. Los Comuns, en realidad, han sido los únicos que han recogido el guante. El escepticismo ha ido incluso más allá de los partidos, hasta el punto que la mayoría de los medios han acogido la propuesta en el mejor de los casos frialdad cuando no con abierta hostilidad. 

Obviamente, esta idea hay que enmarcarla en un claro contexto pre-electoral y en la necesidad que tiene ERC en general, y el 'president' Pere Aragonès en particular, de diseñar y liderar una nueva hoja de ruta en el campo del independentismo que supere la parálisis llena de estéril retórica en que ha quedado sumido tras 2017 y que contrarreste el relativo rédito político de la mesa de diálogo. Pero también en clave pre-electoral hay que interpretar la respuesta del resto de partidos. Y están en su derecho. Los partidos, al fin y al cabo, compiten por votos y pedirles que contengan sus intereses electorales es tanto como pedirle al escorpión que no pique a la rana. Es su carácter.

Asumiendo esta circunstancia y la inevitabilidad del contexto, no debería ser un impedimento para que, con toda la prudencia y la cautela del mundo, se viese en esta iniciativa una oportunidad para afrontar un debate que hasta ahora en Catalunya no se ha producido. Naturalmente, y es perfectamente legítimo, que el Govern en tanto que independentista, no solo aspire a un referéndum de independencia sino que no renuncie a él y busque la manera de llevarlo a cabo por vías legales. Algo ha cambiado en el independentismo desde 2017. Esta es la esencia de la claridad quebequesa en la que se inspira la idea y la apuesta del Govern. No hay que llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras. Aquí se juega. Pero a su vez, y si las preguntas que ha de formular el Govern a los expertos son lo suficientemente generosas, será posible abordar, desde la serenidad del debate académico, cuáles son los mejores instrumentos para resolver conflictos políticos de esta naturaleza en sociedades políticas homologables a la nuestra, y eventualmente y sin quedar atrapados en el referéndum, proponer alternativas o instrumentos, tanto a la sociedad como al conjunto de fuerzas políticas, que enriquezcan el debate y permitan, quizás, abrir sendas hasta ahora inexploradas.  

La decisión final acerca de cuál será la vía catalana a la claridad corresponderá al Govern y solo él será el responsable y el autor, al fin y al cabo la idea es suya. Pero si quiere, tal como ha avanzado el 'president', al máximo consenso, ha de estar dispuesto a asumir que el resultado final de la iniciativa bajo ningún concepto ha de estar predeterminado. De no ser así habría que preguntarle, honestamente, de qué sirve, más allá de ser una coartada, este proceso de escucha que ha puesto en marcha y que implicará a expertos, sociedad civil, partidos y ciudadanos. 

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