La presidencia del Parlament, en manos del Parlament

De un tiempo a esta parte, el prestigio de las instituciones públicas sufre una erosión acelerada. Si preguntáramos sobre las razones por las que se ha ido acumulando tal descrédito, así como sobre el momento en el que se puede situar el inicio de este proceso, probablemente cada uno tendría su respuesta. Pero es innegable que el problema existe y que las instituciones catalanas, incluido el Parlament, también lo sufren.

La propia Mesa no es una excepción, y la situación en la que se encuentra su presidencia no contribuye a mejorar su imagen. La vicepresidenta primera ejerce de forma provisional las funciones de la presidencia, desde el momento en que se le abrió juicio oral a Laura Borràs, por un asunto relacionado con un fraccionamiento de contratos mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Recientemente se ha conocido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que condena a Borràs por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Más allá del derecho a combatir la sentencia con los medios a su alcance, que con toda legitimidad asiste a Borràs, resulta del todo incomprensible que arrastre a una institución como es el Parlament en su estrategia numantina, y menos aún que reclame su "restitución".

Preocupa una cierta concepción patrimonial de las instituciones que rezuman ciertas declaraciones públicas. Hay que recordar, por tanto, que nadie está por encima de unas instituciones que pertenecen al conjunto de la ciudadanía de Catalunya. Quien se atrinchera hace un mal uso, debilitándolas.

Ante este contexto, y a riesgo de que la extraña situación en la que nos encontramos se alargue indefinidamente, el grupo parlamentario socialista, como primer grupo de la cámara, tenía la responsabilidad de tomar la iniciativa y facilitar herramientas para el desbloqueo político y la recuperación del prestigio de la institución, en sintonía con la necesidad de practicar una política útil, en lo que ha estado insistiendo desde hace tiempo.

La fórmula elegida ha sido la de proponer una reforma muy puntual del reglamento de la cámara, a fin de introducir disposiciones relativas a la pérdida de condición de miembro de la Mesa, así como de las mesas de las comisiones del Parlament. En concreto, se prevé que las personas miembros de la Mesa, incluida la presidencia, cesarán como tales en caso de renuncia expresa; si pierden la condición de diputado o diputada por cualquiera de las causas establecidas en las leyes y en el reglamento, en caso de dejar de pertenecer al grupo parlamentario al que estaba adscrito en el momento de su elección como miembro de la Mesa; y finalmente por remoción del cargo, si así lo acuerda el pleno del Parlament por la mayoría absoluta de sus miembros.