Editorial | Villarejo: interés e intereses

EL PERIÓDICO publica hoy la primera de las entregas de una larga entrevista con el excomisario José Manuel Villarejo. El policía que, en su camino de salida y entrada del servicio público, creó un entramado empresarial de obtención y distribución de informaciones paraoficial a disposición de sus clientes públicos, y privados, ofrece aquí detalles sobre la génesis de la operación Cataluña, en la que tuvo una implicación directa. También su opinión sobre otros casos de los que se desvincula, como la difusión de acusaciones contra el ahora candidato a la alcaldía de Barcelona Xavier Trias, que considera un flagrante error.

Villarejo está a la espera de la sentencia por las tres primeras de las 35 piezas en que se ha desglosado la macrocausa Tándem, por la que está imputado por 14 delitos. Aún no ha llegado, pues, el momento de dar por probadas las acusaciones que recaen contra quienes encargaron gestiones a Villarejo, quienes las ejecutaron o quienes fueron objeto de estas actividades de información o desinformación y han quedado en situación comprometida ante los tribunales. Villarejo ha tenido una participación directa en asuntos de la máxima relevancia para la seguridad del país, o que amparados bajo este motivo en realidad buscaban promover intereses políticos de partido o beneficios puramente personales. Por todo ello, lo que tenga que decir quien dice haber trabajado hasta para 10 ministros del Interior tiene evidente interés. El valor, o la credibilidad que se otorgue a sus informaciones, con todo, deben pasar por el cedazo de un factor que no se puede olvidar: vienen de una persona que se enfrenta a procesos penales ante los que actúa en función de las necesidades y conveniencias de su propia defensa.

Estas consideraciones no pueden dejarse de lado. Pero demasiadas veces las informaciones que han surgido de la detalladísima documentación que atesoraba el excomisario, dispuesta para su futuro uso, o de sus llamativas declaraciones en sede judicial o en los medios, han sido consideradas fiables o no, desde un ámbito u otro, en función de a quién beneficiaban o perjudicaban y no, como debería ser, en virtud de hasta qué punto se pueda considerar que están fundamentadas en evidencias sólidas o en esfuerzos de abierta desinformación o intoxicación.

Serán los jueces quienes acaben separando el grano de la paja. Una vez puesta en marcha la maquinaria judicial, la información acumulada por el excomisario tendrá consecuencias penales, como también las está teniendo, y deberá tener, políticas. Y las administraciones, organismos públicos que velaron por intereses de partido o instituciones del Estado deberán aclarar muchos extremos sin que el hecho de que aún estén 'sub iudice' o la valoración que merezca la fuente a partir de la que se han conocido los hechos pueda excusar el silencio o la falta de reacción. Operaciones como las que tuvieron como objetivo frenar los planes del independentismo catalán u ocultar el funcionamiento irregular de partidos políticos deben ser objeto de operaciones de transparencia como las que supone la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña. Pero sobre todo, es necesario que la justicia siga actuando.