Renta básica: indignación y esperanza

La vicepresidenta Vilagrà ha afirmado que el Govern, pese a que Junts y PSC (con los votos de la ultraderecha) hayan tumbado la partida destinada a implementar la Renta Básica Universal (RBU), no piensa arrojar la toalla. Cabe decir que se trataría de una prueba piloto por la que unas personas recibirían una asignación monetaria durante 24 meses a fin de poder evaluar sus consecuencias en todos los ámbitos y la propia viabilidad de la RBU. Las palabras de la responsable política de la Oficina del Pla Pilot de la RBU adquirieron un gran valor por el compromiso contraído: continuar con el proyecto. Declaraciones que no podían ser distintas, atendiendo, por un lado, a los objetivos de un gobierno que ha optado por el adjetivo 'transformador' a la hora de autocalificarse, y que persigue la identificación de las nuevas generaciones con la república social y política a construir (¡y a proclamar!). Y, por otro, porque representa a un partido que históricamente ha hecho bandera de la RBU.

Efectivamente, doy fe de los años de reivindicación de la RBU en el Parlamento español por parte del republicanismo. Ya Joan Puigcercós en 2005 planteó en la hoja de ruta del Gobierno Zapatero, que tenía el apoyo de ERC y de IU-ICV, la incorporación de una prestación económica universal no condicionada, inembargable, con la voluntad de alcanzar una mejor redistribución de la renta. Posteriormente, el republicanismo mantuvo la demanda con el objetivo de que el debate ideológico no quedara sepultado ni pudiera ser combatido desde la frivolidad. Sin embargo, la renta básica fue estigmatizada: de “reaccionarios” nos calificó el actual ‘conseller’ Carles Campuzano, brillante diputado de CiU en tantos otros ámbitos. "Insolidarios" fue la acusación del diputado del PNV Olabarría, porque se defendía, según él, "un sueldo por no trabajar y vivir a costa de quienes lo hacen", mientras que el PSOE se instaló en la banalización de la propuesta con la publicitación de cifras estratosféricas, o se avino solo por necesidad aritmética a aceptar una comisión de estudio que, después, dejó morir. En todo caso, la primera semilla plantada años antes por parte de Carme Porta en el Parlament, con el asesoramiento académico del profesor Daniel Raventós, había fructificado, superando a aquellos que siempre se habían abonado a hacer creer que la RBU era una manía de cuatro “progres” universitarios y de ocho políticos “iluminados” por la utopía.

De hecho, se ha pasado del chiste fácil a la necesidad, por parte de las mentalidades políticas conservadoras, de oponerse con contundencia ante la amenaza de que del debate teórico se pasara ya a la implementación experimental. Porque, al abrigo de la perseverancia del pensamiento progresista e innovador, decantado en los movimientos sociales, ha ido creciendo la necesidad de encarar un nuevo sistema de protección oficial. Imprescindible para una sociedad que inevitablemente debe resolver las contradicciones entre su propia viabilidad en el mundo del capitalismo global y la exigencia de metabolizar una creciente dualidad social a raíz de los índices de desempleo que se vislumbran y por la conformación de una mayoría poblacional condenada a vivir en la pobreza a pesar de haberse socializado a lo largo de la vida a través del trabajo.

Si el sistema actual de prestaciones económicas condicionadas no ha resultado efectivo a la hora de superar la fractura social, indigna que el PSC siga combatiendo la RBU con tanta radicalidad como para negar incluso que en el laboratorio de nuestra sociedad catalana se pueda experimentar con un plan piloto. Replantear, en definitiva, el actual sistema de protección pública, cuestionar el marco fiscal actual, poner sobre la mesa qué hacer con las distintas formas de trabajo (asalariado, voluntario, doméstico, de cuidados...) resulta tan evidente como abrumadores han sido los resultados de las encuestas realizadas en Catalunya en torno a la RBU, entre ellos el grado de acuerdo existente para su implantación, de 6,9 sobre 10, y una afirmación por parte del 72% de los catalanes de que supondría un cambio positivo en sus vidas, sobre todo entre las personas mayores y en riesgo de exclusión.

Que la CUP haya presionado para que la RBU formara parte de la hoja de ruta del Gobierno, que los Comunes no renieguen, al contrario, y que ERC, en el gobierno del país, se comprometa a seguir impulsándola, se convierte en una esperanza en las izquierdas que no debería decepcionarse.

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