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La reforma del sistema de pensiones

El acuerdo garantiza que las prestaciones se van a sufragar sin recortar derechos

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El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, firma con los líderes de CCOO y UGT la nueva reforma de las pensiones.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, firma con los líderes de CCOO y UGT la nueva reforma de las pensiones. / Javier Lizon / EFE

El derecho a una pensión de jubilación adecuada, suficiente y no discriminatoria es una de las señas de identidad de las sociedades del bienestar. Uno de los mayores desafíos de los países que envejecen es el mantenimiento de una red de previsión social apropiada y sostenible. Por eso, esta reforma pactada va dirigida a garantizar el equilibrio financiero de nuestro sistema público y su suficiencia, ya que mantiene el poder adquisitivo de las prestaciones en un marco de respaldo de equidad intergeneracional. Las pensiones de jubilación son determinantes como garantía de un nivel de vida aceptable y facilitan el consumo interno.

El derecho a una prestación digna impulsó, en julio de 2021, a sindicatos, asociaciones empresariales y Gobierno, a fijar en la ley su actualización inmediata con arreglo a la subida del IPC. La revalorización es un instrumento clave para combatir el riesgo de pobreza y garantiza la idoneidad de la pensión a lo largo del periodo de percepción. La suficiencia de las pensiones junto a las perspectivas de envejecimiento, tanto por la esperanza de vida como por la próxima jubilación de una generación pobladísima, van a suponer un volumen enorme de recursos. Somos conscientes del aumento del gasto público que se producirá en los próximos 25 años, por lo que hemos diseñado una arquitectura, con el aval de la Comisión Europea, que afronta, vía contribución a la Seguridad Social, la tensión que se va a producir hasta 2050. 

La subida, ligada a la actualización de las pensiones, moderada y progresiva de las bases máximas, acercándonos a Europa, junto con la fijación de una pequeña cuota de solidaridad a los salarios que no contribuyen, incrementa los ingresos, acompasándolos a los gastos, haciendo sostenible nuestro sistema en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El acuerdo permite cumplir con el componente 30 del plan de recuperación, lo que supone una cuarta transferencia de fondos cuyo destino final serán las empresas, a pesar de la oposición de sus representantes a esta segunda parte de la reforma. 

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En España, los bajos salarios con menos costes en cotización que los países de nuestro entorno - el valor laboral/hora es de 23,4 euros, 23,8 al final del despliegue acordado, la media europea 33,8 - hacen que el pacto sea asumible, al mismo tiempo que deja margen para un incremento de las rentas del trabajo. Nuestro sistema de pensiones también se asegura con sueldos dignos. 

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Lo convenido tiene un impacto de género muy importante, con aumento de cobertura de lagunas y subidas de complementos. Gracias a la insistencia sindical se protegen todas las pensiones mínimas, incluyendo las de viudedad, estableciéndose un indicador que va a impedir que los perceptores más vulnerables caigan por debajo del umbral de la pobreza. El texto recoge también mejoras para las personas en prácticas, autónomas o fijas discontinuas.

Este acuerdo garantiza que las pensiones se van a sufragar sin recortar derechos.