Los riesgos de jugar al todo o nada

La reforma de la 'ley mordaza', una de las promesas más representativas del Gobierno de coalición, no se llevará a cabo en esta legislatura, salvo milagro de última hora, después de que el martes ERC y Bildu votaran en contra en la comisión del Congreso de los Diputados que dictaminó el proyecto. Los dos grupos independentistas prefirieron jugar al todo o nada antes que permitir que siguiera adelante la modificación de 40 de los 54 artículos que se querían cambiar, lo que, sin duda, hubiera representado un avance en las libertades que restringía la ley aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. Desde el momento de su promulgación, la ley fue muy contestada no solo por la izquierda sino también por numerosas organizaciones civiles y sociales, entre ellas los colegios profesionales de periodistas, que vieron en la nueva normativa una limitación intolerable de derechos fundamentales como el de información y el de manifestación.

Es por ello difícil de entender que habiéndose alcanzado un acuerdo entre los partidos que conforman la mayoría de la investidura para modificar 40 de esos artículos, las dos citadas formaciones prefirieran que la reforma de la ley de seguridad ciudadana decayera y quede como la aprobó el PP. La razón última fue que no se aceptaban aspectos que ERC y Bildu consideran centrales como son la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de sanciones por desobediencia a la autoridad o la interrupción de las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras. Por esenciales que sean esos fines, y lo son, se ve que en esta ocasión han prevalecido los objetivos electorales sobre la predisposición a aprovechar las posibilidades reales de conseguir resultados prácticos que iban a beneficiar al conjunto de la sociedad. No era tan difícil. Apoyar o abstenerse en la votación del dictamen hubiera permitido seguir la tramitación parlamentaria de una reforma que incluía avances como la reducción de seis a dos horas del tiempo de identificación en comisaría, la garantía del derecho de manifestación sin comunicación previa cuando sea pacífica o la eliminación de sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes policiales. Tal vez constatar el error cometido es lo que llevó este miércoles a ERC a anunciar que presentará una proposición de ley que recoge los aspectos que quería haber satisfecho el martes y que, de salir adelante, podría permitir reanudar la tramitación de la reforma y quién sabe si su aprobación final.

El fracaso de la reforma de la 'ley mordaza' llevó a que se visualizara una vez más el enfrentamiento existente en la coalición de Gobierno, pero también el que hay dentro de la propia Unidas Podemos. Mientras los líderes de Podemos, la ministra Ione Belarra, Pablo Echenique, e incluso Pablo Iglesias, responsabilizaron del fiasco al PSOE, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, que es portavoz de UP en la comisión y votó a favor de la reforma, salió en defensa del acuerdo y recordó que en la 'ley mordaza' no se dice una sola palabra de balas de goma. Un toque a Podemos y un capote al PSOE que, sin duda, está incómodo en este asunto porque sufre la presión de los cuerpos policiales, y tiene unos límites de hasta dónde (también en su caso con el peso del contexto electoral) quiere o puede llegar.