Mossos, consenso político y confianza

La presente legislatura catalana se inició con un acuerdo entre ERC y la CUP-Un Nou Cicle per Guanyar que, entre otras cuestiones, la dividía en dos fases. En la primera, el Govern tendría que poner las bases para un embate democrático para la autodeterminación, que se debería llevar a cabo en la segunda fase. Aquel acuerdo exigía, también, la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial, la retirada de acusaciones particulares contra presuntos autores de actuaciones vandálicas en movilizaciones o la disolución del grupo de abogados del Departamento de Interior especializados en la defensa judicial de Mossos responsables de orden público acusados por manifestantes. Un conjunto de propuestas unidas por el denominador común de la desconfianza hacia la policía. Desgraciadamente, buena parte de las propuestas acordadas entre ambas formaciones han sido obedientemente ejecutadas por parte del Govern.

Desde entonces, sin embargo, el Govern de Aragonès ha perdido el apoyo primero de la CUP y posteriormente de Junts, quedando en una clamorosa minoría parlamentaria. El apoyo del grupo parlamentario Socialistes i Units per Avançar a los presupuestos, explicitado la semana pasada en el Parlament de Catalunya, si bien no comporta un acuerdo de legislatura, sí que condiciona severamente algunas políticas, de entre las que destacan particularmente las de Interior. En otras palabras: con el acuerdo presupuestario entre el Govern y el Grupo de Socialistes i Units per Avançar, el embate para la autodeterminación que ‘cupaires’ y republicanos habían planificado al inicio de la legislatura va directamente a la papelera de la historia. Se abre así una nueva fase de legislatura en la que el Govern más débil de la historia ya no podrá actuar más al dictado de los antisistema en materia de policía y de seguridad.

En este contexto, damos la bienvenida al reconocimiento explícito al modelo policial del cuerpo de Mossos d'Esquadra que hacía el pasado jueves desde estas páginas el 'conseller' Joan Ignasi Elena. Un modelo que, por más que lo obviara, es fruto de un doble consenso: entre las posiciones centrales del arco parlamentario catalán, por una parte, y entre los gobiernos catalán y español, por la otra, algo que está lejos, muy lejos, de llegar a acuerdos con las posiciones más extremas del hemiciclo que han marcado la legislatura hasta ahora.

Obviamente, no todo se ha hecho mal en la presente legislatura. Aplaudimos los acuerdos logrados entre el Gobierno catalán y el español que han permitido incrementar el número de efectivos del cuerpo, su integración en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) o posibilitar la jubilación anticipada de los miembros del cuerpo de Mossos, igualándolos así al resto de policías del Estado.

Acordar entre gobiernos y acordar con las posiciones políticas refractarias a las posiciones extremas da frutos positivos para el conjunto del cuerpo policial, cosa que redunda en una mejora del servicio. Acordar con posiciones antisistema conduce al Govern y a la policía al fracaso.

Más allá de estas consideraciones, nuestra policía se gana día a día el crédito que le dan los ciudadanos en las encuestas y que parece haberle negado el Govern con decisiones como la de remover injustificadamente más de 30 mandos ahora hace poco más de un año.

Arrinconar las posiciones más extremas, buscar consensos políticos de amplio espectro y confiar en la policía son condiciones ‘sine qua non’ para fortalecer una policía que es moderna, democrática, próxima y perfectamente homologable a las policías de nuestro entorno.