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La cesta de la compra, Juan Roig y papá Estado

El Gobierno y los grandes supermercados harían bien en replicar el modelo francés y pactar rebajas de precios en los productos básicos de forma temporal

Juan Roig

Juan Roig / Manuel Bruque

Gemma Martínez

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Juan Roig rendirá cuentas este martes. El presidente de Mercadona, la mayor cadena de supermercados española, anunciará los resultados del año 2022. Salvo imprevistos, la facturación crecerá, mientras que el beneficio neto y el margen operativo menguarán por los mayores costes. Ya sucedió así en 2021, cuando Rusia todavía no había invadido Ucrania ni la inflación se había desbocado tanto

Aun así las millonarias cifras parecerán obscenas a ojos de los detractores de Roig y del capitalismo, entre los que destaca parte de la izquierda española. Esta hace bien en exigir buenas prácticas a las grandes empresas y ejemplaridad a sus líderes en tiempos de crisis, pero también debe recordar el papel que los propietarios de estos grupos tienen en la creación de riqueza y de empleo. 

Roig verbalizará la contribución de su compañía en estos ámbitos y dará su visión sobre otro de los grandes debates que está en boca de todos: la creación de una cesta de la compra para combatir la inflación a la francesa, es decir, pactada entre el Gobierno y los grandes distribuidores. Estos ofrecerán varias centenas de productos a un precio reducido durante un trimestre. Cada empresa designará de forma voluntaria qué artículos incluirá, que tendrán que ser identificados con los colores de la bandera francesa. La cesta de la compra como cuestión de Estado.

El experimento galo, que cabe esperar que contribuya a bajar los precios y no sea solo en una operación de maquillaje, es mejor que nada. Gobierno español y grandes cadenas saben que la inflación de los alimentos sigue en un inasumible 15% y que la bajada del IVA ha sido insuficiente. Por ello, harían bien en pactar una medida similar a la francesa, que, salvando las distancias, sea un incentivo para combatir la inflación y no una imposición obligatoria contra los beneficios de los capitalistas despiadados.

Por su parte, las empresas, que tendrían que comprometerse a que la rebaja temporal la asumirían ellas contra sus resultados y no contra los márgenes de otros (industria y productores-agricultores), deberían ser transparentes marcando qué productos incluyen, qué precio tenían antes, cuánto les cuestan y cuál es su margen. Ejemplaridad ante una espiral inflacionista que sí debe ser cuestión de Estado.  

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