Una candidatura social para Barcelona

Desde su anuncio, la candidatura de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona ha querido afirmar su compromiso con la justicia social. Una de las primeras medidas programáticas, avanzadas por el mismo alcaldable, ha sido la instauración de una 'Renta BCN': una ayuda directa para personas en situación de vulnerabilidad, pensada para compensar el elevado coste de la vida en la capital. Sería complementaria del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía, añadiendo un 10% a su montante. La dotación, de 40 millones de euros, beneficiaría a 25.500 personas.

El valor de esta medida resalta ante la controversia suscitada por la oposición del grupo parlamentario PSC-Units per Avançar a la partida de los presupuestos de la Generalitat destinada a una prueba piloto de Renta Básica Universal (RBU). A diferencia de otras políticas de transferencia de rentas, la RBU pretende ser una prestación de la cual se benefician todos los ciudadanos, independientemente de su situación personal. Pero la renta en cuestión no sería básica, ni universal. Ni tampoco permitiría extraer ninguna enseñanza. Se transferirían unos 900 euros al mes, durante dos años, a 5.000 personas: la mitad, elegidas por sorteo; el resto correspondería a dos poblaciones pequeñas. Serían excluidos los ciudadanos con ingresos superiores a los 45.000 euros anuales y los que pagaran el impuesto de patrimonio. Hablamos de un gasto de 41 millones de euros.

Estas limitaciones, propias de una muestra muy reducida, hacen que no se pueda evaluar ninguno de los efectos esperados de la implementación de una RBU. Ni a escala macroeconómica, ni tampoco en cuanto al nivel de la vida de las personas. La experiencia no podría aportar ningún dato relevante que no nos estén otorgando ya las prestaciones sociales vigentes. Finlandia hizo una prueba piloto similar sobre una muestra de 2.000 personas... y renunció a reeditarla. Barcelona también llevó a cabo una – B-MINCOME – en los barrios del Eix Besòs, sostenida con fondos europeos. El propio Ayuntamiento, en su valoración de la experiencia –llevada a cabo entre 2017 y 2019-, decía que “no presentaba buenos resultados”. Y aconsejaba “diseñar las intervenciones, tanto de transferencia como de políticas de activación, de acuerdo con las diferentes realidades de las familias”.

Catalunya no está en condiciones de implementar una RBU. Pero puede reducir desigualdades y pobreza de manera efectiva. Compatibilizando ayudas y salarios para combatir el fenómeno de los trabajadores –en primer lugar, trabajadoras– pobres. Simplificando las condiciones de acceso. Poniendo al día el Indicador de Renta de Suficiencia, en base al cual se actualizan las prestaciones sociales. Y, antes que nada, haciendo que la información sobre sus derechos implique a los colectivos para los cuales han sido diseñados los programas, y ayudando a los solicitantes a hacer unos trámites a veces disuasivos a causa de la brecha digital. Tener cuidado de esta accesibilidad será una preocupación muy presente en el Plan de Barrios que la candidatura del PSC quiere impulsar en los territorios más desfavorecidos de la ciudad.