Menores y violencia sexual

La identificación de los autores de una violación grupal de una niña de 11 años en Badalona, y la certificación de que tres de ellos son menores de 14 años y por lo tanto, inimputables, nos sitúa ante una situación incómoda. Puede resultar difícil de digerir, y más en caliente, que los autores de estos actos no sean responsables penalmente de ellos y queden al margen incluso del ámbito de la justicia de menores, y reclamar su ingreso en centros cerrados para menores. Más aún si se confunde el concepto de inimputabilidad con el de impunidad, que ni son ni deben de ser sinónimos.

Todas las leyes penales civilizadas han considerado que los menores, en edades en que todavía no han formado su personalidad ni tienen una plena capacidad de discernimiento, deben tener un tratamiento diferenciado, cuando cometen actos que de ser sus protagonistas mayores de edad serían delictivos. Aunque las franjas de edad varíen: en España, por debajo de los 12 años entre 1992 y 2000, por debajo de los 14 desde la aprobación en esa fecha de la ley de responsabilidad penal del menor. Si incluso en el caso de los mayores de edad las penas de privación de libertad deben tener como objetivo principal la reeducación y la reinserción, aún está más claro que en la franja de edad de la que hablamos, en que la posibilidad de modificar conductas y ayudar es mucho más viable, la respuesta no debe ser penal y punitiva. Debe ser educativa, en un momento en que en edades inadecuadas se está expuesto a patrones de dominación y violencia sexual procedentes de la pornografía. Terapéutica en el campo de la salud mental. Social en el entorno familiar, con la intervención que sea necesaria de los servicios de atención a la infancia en los casos en que exista evidente desamparo. Un 30% de pobreza infantil no sale gratis. 

Sin embargo, la respuesta desde el ámbito estricto de la protección de menores puede ser insuficiente. Y así lo reconoce la misma Generalitat con el funcionamiento de un programa específico bautizado 'Educando en la responsabilidad'. El objetivo de la intervención ha de ser evitar que se repitan conductas similares, pero para cumplirlo no basta con trabajar con vistas a una resocialización en el futuro. Que los autores de salvajadas como las de Badalona no sean culpables ni responsables desde el punto de vista penal no hace que deje de existir un factor de peligrosidad y un riesgo de reiteración. Que no exista una reacción adecuada y que con ello perciban una sensación de impunidad no ayuda en nada a evitar ese riesgo de reincidencia. Que la intervención tenga como objetivo detectar las carencias (formativas, afectivas, sociales) que han llevado a cometer esos actos y solucionarlos no debe hacer olvidar las necesidades de las víctimas. La primera de ellas, la seguridad, que en el caso de Badalona se ha visto comprometida por amenazas al entorno familiar. 

Las soluciones no son muros, puertas y llaves. Pero cabe revisar si los recursos disponibles para la necesaria labor preventiva están al nivel de las actuales dimensiones del problema (un centenar de menores de 12 años autores de agresiones sexuales en solo un año en Catalunya) y si las medidas de seguimiento son suficientes y deben conllevar mecanismos de control mucho más estrechos. Como en tantas otras ocasiones, establecer principios impecables sin disponer de los mecanismos para hacerlos realidad deja la puerta abierta a las reacciones más viscerales.