Opinión |
Artículo de Astrid Barrio

La anticonstitucionalidad de Vox

El espíritu del partido de Abascal es abiertamente hostil a la Constitución; y si pasa de las ideas a los actos en su vida interna eso supone una posibilidad, aunque remota, de ilegalización

Leonard Beard

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Astrid Barrio

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La propuesta de Vox de celebrar un referéndum para ilegalizar a los partidos independentistas es una muestra más del escaso apego de este partido al marco constitucional vigente, algo que es posible porque la Constitución Española de 1978 no instituye en España una democracia militante, es decir, un sistema político que no solo se blinda ante aquellos que no comulgan con el marco establecido y pretenden cambiarlo sino que también los combate. Y suerte de ello tiene Vox porque, de lo contrario, tan ilegítima e inconstitucional sería la impugnación de la Carta Magna que efectúan los partidos independentistas como la masiva impugnación de la Constitución que realiza ese mismo partido. Porque, de hecho, si hay algo que caracteriza a Vox, más que cualquier otra cosa, es su espíritu abiertamente hostil a la Constitución, más hostil que cualquier otro partido, partidos independentistas incluidos.

Sin embargo, de la entrevista que Jordi Évole ha realizado a Macarena Olona, se deduce que la anticonstitucjonalidad de Vox podría no circunscribirse al ámbito de las ideas sino extenderse también al ámbito de los actos. La exdirigente ha levantado una sombra de sospecha sobre su antiguo partido asegurando que en su seno no se respeta la democracia interna, algo que la Constitución exige a los partidos políticos, e insinuando que las decisiones políticas se toman fuera del mismo, circunstancias ambas que, teóricamente, podrían amenazar su supervivencia política y desembocar en su ilegalización, aunque en la práctica esta posibilidad sea muy remota pero no imposible. 

Se podría pensar que, dada su condición de partido eminentemente nacionalista, Vox tiene una fijación con los partidos secesionistas y con todo lo que amenace la unidad de España. Y esto es en parte cierto porque Vox también pretende convertir España en un estado unitario y acabar con el Estado de las autonomías que emana del reconocimiento del derecho de autonomía, consagrado en el artículo 2. Pero no solo eso. Vox también se propone suprimir algunos de los hechos diferenciales de larga tradición histórica reconocidos y protegidos constitucionalmente, como son el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro, las policías autonómicas o la cooficialidad de las lenguas. De ello se deduce que Vox defiende una cierta idea de España que no solo no se ajusta a la Constitución sino que se puede calificar de anacrónica, ya que no responde a la tradición histórica por mucho que pretenda emular a Don Pelayo y empiece las campañas electorales en Covadonga

Pero el espíritu anticonstitucional de Vox no se agota en la cuestión territorial, ya que también defiende una reforma del sistema electoral que modifique las actuales circunscripciones provinciales incorporando una circunscripción única, pone en duda la libertad de culto y la progresividad del sistema fiscal, cuestiones todas ellas que están reconocidas constitucionalmente. Y está en su derecho de hacer propuestas que contradigan la Constitución. Al igual que lo están los partidos independentistas cuando se quieren escindir de España y desafían la indisoluble unidad del Estado recogida en el artículo 2, o bien cuando Podemos desdeña el pacto constitucional y las instituciones que de él emanan, en particular la monarquía, hablando del ‘régimen del 78’.  

La Constitución se lo permite y si resiste tanta impugnación es porque, por suerte, es lo suficientemente rígida como para no estar sometida al albur de mayorías exiguas, cambiantes y caprichosas. Y, paradójicamente, la polarización existente respecto a ella se ha convertido en antídoto frente al cambio y una garantía de continuidad puesto que en la práctica la convierte en irreformable e imposibilita la materialización de cualesquiera de los antagónicos proyectos políticos que la discuten.  

Sin embargo, el inmovilismo resultante puede hacer crecer la percepción de que la Constitución es una cárcel y no una garantía de libertad y acabar restándole legitimidad. Los partidos que se reconocen como constitucionalistas no deberían ignorar esta circunstancia y harían bien en recuperar la agenda reformista que trajo la nueva política y que nunca se llegó a materializar, con la vista puesta en la creciente necesidad de recuperar el consenso constitucional conjurando la influencia de los extremos.

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