Sostenibilidad institucional

Ahora que la palabra de moda es ‘sostenibilidad’, es necesario plantearse si realmente queremos desarrollar este objetivo en toda su extensión y alcance. El término siempre estuvo unido a la preservación de la biodiversidad hasta que la ONU planteó, a finales de los años 80, el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la actual generación sin sacrificar las capacidades de futuras generaciones. Y así extendió el término ‘sostenibilidad’ al ámbito económico, social e institucional, ligándolo a la idea de progreso y estabilidad.

Hay muchos elementos que hoy dan y aportan sostenibilidad en general a la sociedad en el sentido señalado por la ONU, pero, en cambio, les negamos y apartamos de la idea de sostenibilidad y estabilidad.

Curiosa contradicción la que se vive en torno al concepto de sostenibilidad; esta viene a representar hoy el nuevo “bien común” alrededor del cual todos nos unimos, convencidos de la necesidad de promover todo lo que resulte más sostenible, es decir, más estable y menos costoso. O por lo menos así lo decimos... ¿pero de verdad lo creemos?

La debilidad institucional es un elemento que siempre se quiere llevar a debate, pero que no parece preocupar ni a sus representantes ni tampoco mucho a la ciudadanía, y esto a pesar de que tanto unos como otros reconocen que es crucial para el mantenimiento de la democracia y la convivencia, tal y como la venimos conociendo. La estabilidad institucional pasa necesariamente por el cumplimiento y respeto de los procedimientos de los que se dota a una institución, que permitirá la sostenibilidad del modelo y dotar a la propia institución de fuerza y credibilidad. Estabilidad y sostenibilidad van claramente cogidas de la mano, partiendo la primera del respeto a sus propios canales y procedimientos. Si no se respetan, entonces se mina la estabilidad y credibilidad de la propia institución... y por tanto, su sostenibilidad.

Ese bien común que es la sostenibilidad y que todo el mundo quiere (o dice querer) promover, resulta que es necesario vehicularlo a través de unas instituciones que también debemos mantener, estabilizar y transversalizar, para hacerlas más sostenibles. Y los primeros que violan muchas veces ese respeto a los procedimientos y políticas propias son sus propios representantes, creando –cuando esto ocurre en cargos de confianza política o en instituciones representativas de los ciudadanos de un país– una falta de confianza y una desafección que aleja la voluntad colectiva ante un reto común, menguando la fuerza de este nuevo bien común, que es la sostenibilidad.

No luchamos lo suficiente por la sostenibilidad de unas instituciones a las que pedimos que promuevan la sostenibilidad. Contradictorio como suena, surgen noticias últimamente que dan la razón a aquellos que queremos seguir creyendo en la sostenibilidad como un objetivo común, pero que no llegan a los titulares de cabecera ni crean tendencia: son ejemplos de ello las encuestas del CIS que subrayan que la polarización está más al nivel de los representantes políticos (y sus acaloradas discusiones) que entre los ciudadanos, o los pactos parlamentarios que tanto a nivel estatal como autonómico se han logrado para la aprobación de los respectivos presupuestos. Hay más voluntad de acuerdo y pacto de lo que queremos hacer creer; y el pacto tiene la sostenibilidad como finalidad última. El pacto favorece, por la propia naturaleza colectiva del pacto (que huye de la idea propia o el objetivo individualizado), a la sostenibilidad en tanto que plural y más propio al interés de todos, al bien común.

O la calificación de España como democracia plena por parte del ‘The Economist’, un año después de que perdiera esta valoración por no haber sabido acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Un año más tarde, las instituciones han ganado solidez gracias a los pactos que se han sabido tejer, y hay que valorarlo en términos de su sostenibilidad y, por tanto, la de todos, en beneficio de todos.

Esta misma contradicción se observa en el mundo empresarial, como en tantos otros: hoy la economía moderna, que quiere partir de las esencias de la digitalización y los objetivos de sostenibilidad, premia y publica continuamente los casos de compañías de gran crecimiento, de gran volumen y fuerte endeudamiento, aunque no ofrezcan demasiada estabilidad ni permitan vislumbrar un futuro sostenible. Los ‘unicornios’ son más valorados que las miles de pymes que garantizan una actividad continuada y constante, dando empleo y formación, base de la sostenibilidad de nuestro entorno.

No debe sorprender, pues, que el lema del Foro de Davos de este año fuese ‘Cooperación en un mundo fragmentado’, porque el pacto es la principal vía para luchar contra la fragmentación. Sin cooperación ni pacto, la fragmentación será sostenida, pero no ganaremos en sostenibilidad, que es reconocida y aceptada como el actual “bien común” de nuestra sociedad y que debe ser objetivo de nuestras instituciones.

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