Artículo de Joaquim Coll

El precio de la demagogia

La nueva ley tiene muchos aspectos positivos, pero paga el precio de la demagogia de 2018 tras el caso de ‘La Manada’

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. / Ricardo Rubio - Europa Press

Joaquim Coll

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El Gobierno de coalición está a un paso del desastre por una cuestión ‘a priori’ insospechable. No es por la guerra de Ucrania, o la OTAN, ni por la política económica, sino por los delitos contra la libertad sexual, algo en lo que tanto el PSOE como Unidas Podemos militan de forma parecida. Y, sin embargo, ambos son víctimas de la lectura tergiversada que en 2018 se impuso en la sociedad española sobre la sentencia que dictó la Audiencia de Navarra contra ‘La Manada’. “No es abuso, es violación” fue el grito ensordecedor que inundó las calles, pero que no tenía nada que ver con el contenido del auto que condenó a los acusados a nueve años de cárcel por abuso sexual agravado por prevalimiento. Hay que repetirlo otra vez: los jueces sí creyeron a la víctima, afirmaron que no había habido consentimiento y condenaron por diversas violaciones. Pero en la sociedad y los medios se impuso un clima de máxima hostilidad, el término ‘abuso’ pasó a ser inaceptable. La realidad es que esa tipificación no procedía del pleistoceno sino de un Código Penal que había reformado la izquierda en 1995, diferenciando entre abuso y agresión, con la violencia como elemento separador y con penas mayores en caso de penetración (vaginal, anal o bucal). La sentencia fue revisada al año siguiente por el Tribunal Supremo, que con mejor fortuna apreció violencia y condenó por agresión, elevando las penas a 15 años de cárcel.

En su día seguí los acontecimientos con perplejidad ante el clima de histeria populista que impedía razonar a muchas personas cuando intentaba explicarles que la sentencia no era ningún disparate. En la nueva ley de la ministra Irene Montero todo es agresión y eso ha ocasionado problemas técnicos con las penas, porque no todos los delitos son iguales ni la violencia ocupa el mismo papel. Se ha querido trasladar la repulsa que nos provocan ese tipo de hechos a un Código Penal que debe atender a circunstancias diferentes porque de lo contrario nos cargamos el Estado de derecho. No dudo de que la nueva ley tiene muchos aspectos positivos, pero paga el precio de la demagogia de 2018.

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