Opinión |
Nuestro mundo es el mundo | Artículo de Joan Tapia

El salario mínimo

Ha subido un 47% los últimos años y el paro ha descendido, pero la CEOE argumenta que estamos en zona de peligro

Yolanda Díaz se reúne con los sindicatos

Yolanda Díaz se reúne con los sindicatos / Ministerio de Trabajo

Joan Tapia

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Los liberales doctrinarios son reticentes al salario mínimo y, todavía más, a sus subidas. Aducen que hace inviables a muchas empresas y obstaculiza la entrada en el mercado laboral a gente (y a jóvenes) que querrían trabajar con una menor retribución. Más vale -dicen- más empleo con salarios menores que un paro alto y permanente.

Pero no es este el consenso en la mayoría de países europeos. Ni en Estados Unidos. Los liberales pragmáticos y los socialdemócratas coinciden en que el salario mínimo es un arma contra la desigualdad y que ayuda a aumentar el consumo de los trabajadores menos favorecidos. Y que así contribuye no solo a la justicia social, sino también al progreso y al crecimiento económico. Pero, admiten, el equilibrio es obligado porque pasarse en las subidas del mínimo resta dinamismo y puede dañar el empleo

El Gobierno acaba de subir el salario mínimo un 8%, de 1.000 a 1.080 euros, dejándolo así en el 60% del salario medio, lo que recomienda la Carta Social Europea y lo que estaba en su programa. ¿Es equilibrada y conveniente la subida? Con una inflación del 8,4% y con el aumento de la desigualdad provocado por la crisis sería discutible y criticado un menor aumento a los trabajadores que ganan menos. Y al mantener el poder de compra de unos 2,5 millones de ciudadanos -los que directa o indirectamente se van a beneficiar- aumentará el consumo de las familias y el PIB. Además, tras subir un 8,4% las pensiones, aún parecería más incongruente no hacerlo con el salario mínimo

El consenso europeo dice que el salario mínimo es un arma contra la desigualdad y al aumentar el consumo estimula el crecimiento económico

Por otra parte, contra lo temido y tan pregonado, las subidas de los últimos años no han disparado el paro. En 2015, con un salario mínimo de 648 euros, el paro fue del 23,7%. En el 2019, con 900 euros, cayó al 14,7%, y el año pasado con 1.000 la media del paro fue el 13,3%. Decir que es mérito del Gobierno sería propaganda, pero lo cierto es que las subidas del salario mínimo no han disparado el paro, sino todo lo contrario. ¿Se hubiera creado más empleo con menores incrementos? No hay ninguna certeza. Y la reforma del mercado laboral, pactada con la CEOE, ha creado más empleo fijo que temporal.

Pero también hay razones para defender una mayor cautela. Este año las economías europeas crecerán menos que el anterior y España pasará de un 5,5% a un 1% según el FMI. El menor crecimiento castigará al empleo y España es el país con el paro más alto de la UE. Y en los menores de 25 años es del 29%, casi el doble que la media europea del 15%. En 24 provincias de la España vaciada el salario mínimo será ya el 70% del medio lo que no ayuda a la inversión y al empleo. Y en 4 de ellas el paro ya subió en el último trimestre del 2022.

La CEOE argumenta además que dificultará la marcha, en un año de desaceleración -y quizás de recesión- de muchas pymes y de sectores como la agricultura y el pequeño comercio. Además, cree que una subida del 47% en los últimos cuatro años nos hace entrar en zona de peligro. ¿Se debía haber llegado a un punto más medio entre el 4% de la CEOE y el 8,4% que exigían los sindicatos? 

¿Dónde está el equilibrio? Es el Gobierno el que decide la subida del mínimo. Asume riesgos, pero con argumentos sociales y lo que pasó los últimos años tiende a avalarlo. Además, el Gobierno no quiere parecer tacaño con los pobres cuando bancos y grandes empresas (no pymes) exhiben un espectacular aumento de sus beneficios.

Pero hay argumentos razonables para exigir más prudencia y cada uno debe ser coherente con su función. El Gobierno debe decidir en función de las posibilidades reales del país y de su programa. Y asume riesgos -quizás excesivos- al buscar el aplauso de los ciudadanos en un año electoral. Y la CEOE debe tener muy en cuenta los intereses y los temores de sus empresas afiliadas, que son las que la pagan y eligen a su cúpula. Y ni puede ni debe ser un apéndice del Gobierno. 

En las economías mixtas de mercado, que son las que más satisfacen las necesidades sociales, la unanimidad no es obligada. Las democracias no deben deslizarse hacia la crispación política (como pasa en España), ni las excesivas tensiones sociales, pero sí deben saber convivir y progresar pese a los desacuerdos y disensos. Ahí estamos ahora en el asunto del salario mínimo.

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