Salario, precio, capital

Como adelantó Gabriel Ubieto hace semanas a los suscriptores de EL PERIODICO, el Gobierno ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.080 euros. Esta es una de las tres palancas que tiene el Ejecutivo para intervenir en el mercado laboral. Las otras dos, salario de los funcionarios y pensiones, también las ha incrementado al ritmo de la inflación disparada. El SMI afecta directamente a un número relativamente reducido de trabajadores, pero es la referencia en las negociaciones colectivas y en algunos convenios indexados. Sánchez se asegura el aplauso entusiasta de los sindicatos en un año electoral, cosa que es legítima. La CEOE se descolgó del acuerdo por una razón muy sencilla. Ese tipo de aumento de los salarios es asumible para sus asociados que están acumulando beneficios pero inadmisible para los que están comprimidos por la imposibilidad de trasladar a los precios el aumento de los costes, sea por razones de competitividad e incluso de regulación. 

Sin quererlo y sin abonar la crítica fácil, el SMI se va a convertir en un agente inflacionista. Así que, de alguna manera, el Gobierno se dispara un tiro en el otro pie, el de la lucha contra la subida de precios. Cuando la inflación pasa a la tercera ronda y penetra en los salarios, deja de ser coyuntural para ser estructural y solo tiene marcha atrás con operaciones traumáticas como la devaluación interna que vivimos tras la crisis del 2008. 

Pedro Sánchez justificó la medida con un argumento incontestable: ¿Puede una empresa dejar de subir los salarios cuando tiene unos beneficios de 600 millones de euros? Evidentemente, incluso Antonio Garamendi respondería que no. Pero a un doctor en economía como el presidente no se le escapan tres cosas. Si esa es la lógica, ¿qué pasa cuando una empresa pierde 600 millones de euros? ¿qué capital ha tenido que captar para acumular esos beneficios? No es lo mismo acumular beneficios de tal tamaño con una inversión de 2 millones de euros que de 20.000 millones. Y la última, ¿cuántas empresas ganaron 600 millones de euros en el año 2022 en España? Porque la norma aplica a todas. 

España tiene un marco de negociación colectiva que no se corresponde plenamente al acervo europeo. El franquismo negó todos los derechos a los trabajadores a cambio de blindar los despidos con un espíritu paternalista. La democracia, como no podía ser de otra manera, reconoció a los trabajadores todos sus derechos pero no introdujo criterios vigentes en toda Europa como el vínculo entre salarios y productividad o entre salarios y beneficios. El clima de pacto social durante la pandemia podría haber permitido avanzar en esa línea. Pero la CEOE no aguantó la presión de la prensa afín al PP y la vicepresenta Díaz sucumbió al troskismo de sus socios de Podemos. Queda pendiente.

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