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Sentencia europea
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TJUE: dos de cal y una de arena

Es erróneo concluir que la sentencia del TJUE sea una crítica anticipada al sistema judicial español

El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El 'expresident' de la Generalitat, Carles Puigdemont. / Julien Warnand

En respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juez instructor del ‘procés’, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha adoptado una resolución que puede parecer salomónica en la medida en que, por un lado, rechaza los motivos por los cuales el Gobierno belga denegó la extradición del ‘exconseller’ Lluís Puig, implicado en la causa y, por otro, acepta la posibilidad de que un país de la UE pueda hacerlo si la euroorden no cumple determinados requisitos. Sin embargo, aun siendo cierto que el TJUE asume que una euroorden puede ser rechazada en determinadas circunstancias, el hecho es que la resolución del tribunal europeo abre el camino a que el juez Pablo Llarena puede llevar ante la justicia española a los encausados por el ‘procés’ que residen en Bélgica. Tras la resolución del alto tribunal europeo, Llarena puede plantear una nueva euroorden siempre que actúe con proporcionalidad, garantice que el sistema judicial español no adolece de déficits sistémicos, y que su actuación no forma parte de una acción deliberada contra «un grupo objetivamente identificable». La decisión del TJUE nos parece razonable en la medida en que subraya el fundamento estrictamente jurídico que debe tener toda euroorden.

Mientras las críticas a la justicia belga fueron valoradas como una victoria por los defensores de la estrategia del juez Llarena, el otro aspecto de la resolución les permitió al encausado y a Carles Puigdemont mostrar una satisfacción forzada al conocerla. Tiene razón Puigdemont cuando sostiene que la persecución política no tiene cabida en las democracias europeas. No hacía falta esta sentencia para saberlo, ya que cuando un gobierno ha perseguido a opositores por el hecho de serlo, como ha ocurrido en Hungría o Polonia, ello ha acarreado consecuencias. Pero ni él ni su abogado aciertan cuando interpretan la sentencia como una crítica anticipada al sistema judicial español. Concluir que la resolución del TJUE es un varapalo a Llarena forma parte de la quimérica narrativa independentista según la cual España no es un Estado de derecho y la persecución de los líderes del ‘procés’ constituye una suerte de causa general como la que el franquismo instruyó contra los republicanos al terminar la Guerra Civil.

El núcleo duro de la sentencia del TJUE está en el hecho de que la justicia belga –o la de cualquier otro país– debe saber que existen límites para rechazar una extradición. Esta decisión no puede basarse en poner en cuestión la competencia del Tribunal Supremo español, y debe probar de una manera muy precisa que la justicia española tiene unas carencias sistémicas y/o que la justicia española ha actuado con ánimo de perseguir a un grupo «objetivamente identificable». Que el TJUE pida más garantías para tramitar euroórdenes y para aceptarlas o rechazarlas nos parece un triunfo de la justicia frente a cualquier intento de politización de la justicia. Sin embargo, los independentistas no pueden hacer como si nada tras la sentencia del TJUE. El resquicio de la posible persecución de un grupo determinado les da un cierto margen para «avanzar y seguir luchando», como dijo el abogado de Puigdemont, pero desde el punto de vista jurídico –que debe ser el determinante–, hoy están más cerca de la extradición.