Malestares y presupuestos

Trabajadores de la sanidad pública, profesores y taxistas fueron este miércoles a la huelga y salieron a la calle en Catalunya, con distintos grados de seguimiento de la convocatoria y con reclamaciones en las que se combinaban, en distintas proporciones en cada caso, la reivindicación de intereses laborales tan corporativos como perfectamente legítimos y la defensa de la calidad del servicio público (o regulado en el caso del taxi) que se debe ofrecer a los ciudadanos. El mayor seguimiento fue claramente el de la movilización de los profesionales sanitarios. Una intensidad proporcional al nivel de presión acumulada en centros de atención primaria y hospitales tras la larga prueba de la pandemia y la dificultad de recuperar las pautas normales de atención al paciente.

El otoño empezó con una situación de extrema tensión en la Comunidad de Madrid. Pero lo sucedido en Catalunya y en otras comunidades recuerda que el problema no se centra únicamente en la negligente gestión de la sanidad pública por parte de Isabel Díaz Ayuso. A pesar de que no haya comparación posible con el nivel de degradación del sistema público, con la hostilidad virulenta impulsada desde el Ejecutivo madrileño contra los trabajadores e incluso con los recursos dedicados, algunos males son comunes ya no a ambas comunidades sino al conjunto del sistema sanitario español. El insostenible número de visitas diarias por facultativo en los ambulatorios, la presión asumida por el colectivo de la enfermería, la carga burocrática y las limitaciones de la atención no presencial son motivos más que suficientes para la movilización. Y aunque más allá de la defensa de la oferta de un servicio digno haya también un componente de reivindicación retributiva, este tampoco se puede desligar de la viabilidad presente y futura del sistema: ante la tentación de la emigración laboral y el horizonte de un relevo generacional masivo, la mejora de las condiciones laborales están mucho más allá de responder únicamente a intereses corporativos.

Después del acuerdo cerrado el pasado verano entre Educació y los sindicatos docentes, una de cuyas condiciones, la incorporación de más de 3.000 profesores, acaba de ejecutarse este mes, y con una plataforma reivindicativa centrada en los flecos pendientes tras la anterior huelga, era esperable que el nivel de movilización en este sector fuese este miércoles notablemente inferior al de la sanidad. Aunque no falten malestares de fondo (desde la falta de dotación para la educación inclusiva a las discordantes opiniones sobre los nuevos planes de estudio y planteamientos pedagógicos).

Sí hay un punto común entre uno y otro sector. Cualquier margen para atender reclamaciones de los sectores afectados y mejorar el servicio público recibido por los ciudadanos pasa a ser difícilmente viable sin la aprobación de unos presupuestos que en más de un aspecto ya intentan responder a estas demandas. Los partidos enzarzados en una parálisis negociadora condicionada por su necesidad de posicionarse en un año electoral no deberían añadir más motivos de malestar a los que ya existen.