Con menos oferta, pierden los inquilinos

A veces, las premisas ideológicas hacen que una ley elaborada con la mejor de las voluntades consiga el efecto contrario si no se tienen en cuenta todas las complejidades de la realidad. Lo hemos visto con la ley del 'solo sí es sí' y la rebaja de penas a violadores, y lo vemos también en otro debate que también despierta sensiblidad social, el del acceso a la vivienda. Algunas de las medidas que han puesto en marcha los gobiernos para ayudar a los inquilinos crean una inseguridad jurídica que disuade a los propietarios, que optan por salir del mercado del alquiler, lo que paradójicamente acaba perjudicando a quienes la ley pretendía proteger. Medidas como, por ejemplo, la limitación de los precios del alquiler, que pueden sonar muy bien en los oídos de los ciudadanos, especialmente en tiempos de inflación como la actual, pero que ha hecho que viviendas que estaban en alquiler se deriven a la compraventa, aún menos accesible para las personas con pocos ingresos.

Según un estudio reciente de la cátedra de empresa Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE), la ley catalana de 2020, ahora anulada, que limitaba los precios del alquiler ha provocado una reducción del 15% de la oferta de este mercado en Catalunya. Hay otras causas, como la lentitud judicial en casos de impago, que deja al propietario sin posibilidad de obtener ingresos durante meses o años. EL PERIÓDICO ha querido ir más allá de las cifras y ha dado voz a dueños de viviendas que han tenido malas experiencias con los inquilinos y se sienten desprotegidos por la administración. Lejos de la imagen dominante de los grandes tenedores que especulan con la vivienda para lograr la máxima rentabilidad en su cuenta de resultados, numéricamente hay más pequeños propietarios que ponen sus pisos en alquiler para obtener un ingreso extra.

Desde el punto de vista de los inquilinos, las medidas adoptadas en los últimos meses tampoco han cubierto las expectativas en su totalidad. Este diario recoge testimonios de personas a las que sus caseros le han subido las cuotas muy por encima del 2% estipulado en el último decreto, porque este límite solo afecta a las actualizaciones de cuotas, pero no cuando el contrato de arrendamiento finaliza y hay que renovarlo. Situaciones que se dan con cierta frecuencia y que deslucen los anuncios triunfalistas del Gobierno.

En vista de las experiencias recogidas, ante las dudas de que intervenir los precios sea realmente la solución más efectiva (aunque sí la más efectista) al problema del acceso a la vivienda, vale la pena recordar la fórmula que ha demostrado que mejor funciona: aumentar el parque de vivienda protegida. Aunque últimamente se están dando avances positivos, todavía estamos muy por debajo de la media de los países europeos y no se alcanzará en el corto plazo. La opción de incentivar al sector privado para que mediante subvenciones pongan sus pisos a precios sociales es una manera de cubrir la insuficiencia actual. No hay soluciones mágicas al problema de la vivienda, sino la necesidad de implicar a todos los actores del mercado en la búsqueda de una solución.