Desigualdades en la escuela

En marzo de 2019, tras dos años de trabajo promovidos desde la Sindicatura de Greuges y el Departament d’Educació, administraciones y entidades firmaron el Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya. Era un compromiso cargado de medidas concretas y de objetivos de financiación adicional pero sin compromisos presupuestarios firmes ni valor normativo. A punto de cumplir los cuatro años de su entrada en vigor, ha llegado el momento de revisar sus resultados. Y ha sido la Sindicatura la que este martes empezó a hacer balance de objetivos alcanzados y por conseguir. 

En una sociedad en que las desigualdades de renta, acceso a recursos y capital formativo y cultural no parece que se atenúen, sino más bien lo contrario, y en que la dinámica del mercado inmobiliario alimenta la existencia de áreas inaccesibles para muchos y de refugio para otros (aunque el modelo residencial de Catalunya sea mucho menos segregador que el alentado en otras capitales españolas), la consecuencia lógica es que esa desigualdad se sedimente también en una distribución no menos desigual del alumnado en distintos centros escolares. Hay, de nuevo, sistemas educativos, modelos sociales, planteamientos políticos, que no ven especial objeción en que eso suceda, o ponen el principio de la libertad de elección de centro educativo por delante de cualquier medida que intente compensar estas desigualdades. Pero el coste, en forma de pérdida de igualdad de oportunidades, de cohesión social y de perpetuación de vulnerabilidades de todo tipo, es inasumible, y ese es el consenso social que, de forma pionera en Catalunya, se asumió con el acuerdo firmado hace casi cuatro años, y en el que afortunadamente se han dado pasos positivos y cuantificables.

Que ese principio sea asumido por administraciones y entidades no significa, es cierto, que (normalmente sin expresarlo abiertamente y utilizando otros argumentos menos incómodos en público) la dinámica de muchas familias sea muy distinta. La que reprochaba el entonces ‘conseller’, Josep Bargalló, al sostener que era necesario un compromiso cívico y un cambio cultural para asumir que el derecho a la elección del centro no se podía centrar en seleccionar «con quién estudian nuestros hijos».

Ese cambio es imprescindible para que familias, escuelas y ayuntamientos replanteasen y aceptaran los criterios de zonificación y adscripción de centros (zonas únicas o no, más amplias o menos) en la forma que, en cada contexto local, favoreciera una distribución más heterogénea del alumnado. Y según el informe de la Síndica, poco se ha avanzado en este sentido. Aún menos en evitar que los alumnos recién llegados durante el curso aterricen justo en los centros más cargados de déficits.

Pero no se trata solo de un cambio de mentalidad o de un proceso de reparto en que se considere al alumnado con diversas necesidades especiales una carga a distribuir. Es necesaria una política de distribución de recursos económicos y humanos (y el informe también señala que no se ha hecho lo suficiente), no solo de gestión de las matrículas, para evitar que centros que acumulen, por barreras económicas, por lo atractivo de su oferta o por su ubicación, población con más recursos de todo tipo, dispongan también de más recursos para reforzar su oferta, a menudo con fórmulas al margen de la legalidad. Y que aquellos que concentran una población escolar con más necesidades sean justo quienes dispongan de menos elementos. Y aunque el grueso de la atención a esas desigualdades recaiga en el sector público, una parte notable de la escuela concertada gestiona realidades sociales mucho más complicadas que centros públicos situados en zonas acomodadas, y no deberían encontrarse con reparos dogmáticos ante la necesidad de recibir los recursos que merecen todos los centros que asumen la parte más exigente de la gestión del sistema educativo financiados con fondos públicos.