Vuelta al punto de partida

La derogación del delito de sedición y la modificación del de la malversación han culminado la carpeta abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez hace año y medio con los indultos a los nueve dirigentes encarcelados. No son menores los avances protagonizados: han permitido sacar de la cárcel a los políticos independentistas y han sentado las bases para evitar que los juicios de este 2023 acaben de la misma manera. Ambas cosas resultaban imprescindibles para recuperar una cierta normalidad en Catalunya.

Efectivamente, la Catalunya de finales de 2022 es mucho mejor que la de 2017. Solo los extremistas respectivos, que necesitan la confrontación para alimentarse, añoran el escenario anterior. Pero la realidad es que las significativas y relevantes medidas impulsadas por Pedro Sánchez –a instancias de sus socios de Podemos y, especialmente, de ERC– suponen un regreso al futuro, una vuelta al punto de partida anterior al choque de trenes de octubre de 2017. También resulta elocuente que quien más apretó hace cinco años para que el independentismo se lanzase por el precipicio –los entonces hiperventilados de ERC– hayan sido los canalizadores del acuerdo con el PSOE, conscientes que la aventura de la unilateralidad no es más que un callejón sin salida donde continuar dándose golpes de cabeza contra la pared.

Lo más significativo del salto atrás que ha supuesto el conjunto de medidas implementadas por el Gobierno central es la confirmación del viaje a ninguna parte que ha sido el 'procés'. ¿Todo esto, para qué? Para volver al punto de partida, habiendo dejado por el camino años de tensión, de dolor y, sobre todo, de pérdida de competitividad, proyección y prestigio de Catalunya, aquel país que fue uno de los cuatro motores de Europa en la época de Jordi Pujol y que logró organizar los mejores Juegos Olímpicos de la historia bajo la batuta del alcalde Pasqual Maragall. Ni una cosa ni la otra estarían hoy al alcance de la Catalunya que ha dejado los 10 largos e inútiles años del 'procés': cansada, empequeñecida e, incluso, provinciana. Todo ello, para no lograr absolutamente nada, ni un simple traspaso de competencias o una mínima mejora de la financiación. Simplemente, para volver al punto de partida.

Si los gobernantes de la Catalunya de los últimos 10 años hubiesen dedicado la mitad de energía que han invertido en el laberinto del 'procés' en impulsar el desarrollo económico, dotar al país de infraestructuras y equipamientos necesarios, fortalecer las políticas de servicios y reforzar una identidad integradora (es decir, si, por ejemplo, hubieran hecho lo que ha liderado el País Vasco con un gobierno de estabilidad), hoy no estaríamos en peores condiciones que entonces para abordar los retos del futuro. Mientras otros se han dotado de prestigio y confianza, nosotros hemos perdido ambas características, que durante largo tiempo fueron la tarjeta de presentación del país en el mundo.

Con las últimas cesiones de Pedro Sánchez a ERC se cierra la carpeta catalana hasta la próxima legislatura, siempre que la aritmética parlamentaria requiera los votos de los independentistas y, por supuesto, que la Moncloa esté en manos socialistas. Este 2023, el PSOE no está dispuesto a asumir más riesgos electorales y ERC no está (todavía) preparada para encajar la negociación dentro de los márgenes constitucionales, que es donde inevitablemente se moverá cualquier acuerdo, mientras el independentismo no goce de un apoyo claramente mayoritario y unitario, dos elementos hoy en día inalcanzables.

Pero de estos tres años de recoser lo que se había descosido sí que se puede obtener un valor relevante: las necesidades mutuas han permitido empezar a superar la división de bloques, que tanto lastraron a la sociedad catalana en los años del 'procés'. La franja más federalista de la socialdemocracia española ha aceptado que existe un problema catalán y que este solo se puede resolver por la vía política y no en los juzgados. Y el independentismo más pragmático ha asumido que la unilateralidad no tiene ningún recorrido. En noviembre de 2019, tras la sentencia del Supremo y con Pedro Sánchez proclamando que no habría acuerdo con los soberanistas, hubiese resultado imposible imaginar el escenario actual. El pragmatismo (y, sobretodo, la aritmética) han permitido obtener un encaje y volver al punto de partida.