Catalunya (y Esquerra más) necesita presupuestos

La negociación sobre los presupuestos de la Generalitat para 2023 tiene que dirimirse en los próximos días. Si el Govern de Pere Aragonès no logra la próxima semana los apoyos necesarios, lo más lógico es que renuncie a tramitarlos. Y a seguir negociando porque un acuerdo más tardío obligaría a tramitar las cuentas en el Parlament en plena campaña de las municipales. Por lo tanto, en los próximos días se debería cerrar un acuerdo con alguien más que el que tiene firmado Aragonès con los Comuns, imprescindibles para hacer mayoría con Junts o con el PSC, pero insuficientes para sacar el proyecto adelante. La posibilidad de un acuerdo con Junts parece, hoy, una quimera, por mucho que el entorno del 'president' mantenga viva esa posibilidad para intentar rebajar las expectativas del PSC. El acuerdo, si llega, solo puede ser con los socialistas, que ya han explicado claramente cuáles son sus exigencias, de las que Esquerra dice haber satisfecho el 87%. Pero lo que falta es esencial para Salvador Illa y para su proyecto político porque se trata no solo de garantizar la estabilidad política sino de exhibir sus prioridades como primer partido del Parlament. Aragonès está prolongando lo inevitable: hacer un gesto que reconozca su precariedad parlamentaria y el valor del apoyo del PSC, que nada tendría que ver con la cuenta saldada en el Congreso de los Diputados. Aragonès es, pues, quien más tiene que ganar con este acuerdo y, en buena lógica, es quien más tiene que arriesgar y más se tiene que implicar.

Los escollos de la negociación pública están más que explicados. El PSC apuesta por el impulso de la economía a partir de determinados proyectos que la Generalitat de Esquerra y Junts ha bloqueado: el complejo turístico impulsado por Hard Rock en Tarragona, la ampliación del aeropuerto de El Prat y el llamado cuarto cinturón en el Vallès. Es cierto que, como alega el Govern, esos proyectos no tienen reflejo en los presupuestos, pero también es cierto que la frialdad política que ha tenido en su tramitación tiene más que ver con la oposición de las secciones locales del partido que con las prioridades del Ejecutivo. Y eso es lo que tendría que cambiar para lograr el apoyo del PSC. Sin perder, a la vez, el de los Comuns. Difícil ecuación, pero no imposible. Pero el Gobierno del 80% no se puede hacer solo con las prioridades de 33 diputados. Hay que sumar más voluntades.

Más allá de las partidas y de las prioridades políticas, el Gobierno de Aragonès debe entender otra cosa: la precariedad de sus apoyos le exige el máximo cuidado en las formas democráticas. Catalunya afronta un año cargado de elecciones, y la Generalitat no puede ser en ningún caso, pero menos con la actual aritmética, una plataforma al servicio de un partido. Las ayudas a los medios privados o la demoscopia pública deberían regirse por los mismos criterios con los que se ha abierto una nueva etapa en los medios públicos. Y algo parecido debe ocurrir en un asunto nuclear para la convivencia en Catalunya como es la política lingüística.

Hay muchos interesados en que Catalunya no tenga presupuestos en 2023. La situación económica, con la inflación amenazando a los más vulnerables, tanto por lo que se refiere a las personas como a las empresas, exige que la Administración responda como ha ocurrido en el Congreso o en el Ayuntamiento de Barcelona. Esas mismas mayorías pueden reproducirse en el Parlament pero la correlación de fuerzas no puede ser la misma. Los que, en uno y otro partido, entienden que este es el reto, deben imponerse a los que pretenden echarlo todo por la borda, cosa que puede ser rentable desde la perspectiva partidista pero nefasta desde el punto de vista del interés general. Y ese es el que toca defender a los que gobiernan y a los que aspiran a hacerlo y también a los medios de comunicación responsables.