NEWSLETTER

Huelga de móviles contra el 'sexting'

Enviar vídeos sexuales de menores grabados por personas sin escrúpulos revictimiza a los protagonistas y es un delito

Itziar Ituño, en una imagen de la serie de Netflix 'Intimidad'

Itziar Ituño, en una imagen de la serie de Netflix 'Intimidad' / NETFLIX / DAVIZ HERRANZ

Gemma Martínez

Gemma Martínez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El acoso sexual digital ha sido uno de los comportamientos que EL PERIÓDICO ha denunciado con vehemencia en este 2022 tan intenso y que se acerca a su fecha de caducidad. Una cobertura que ejemplifica este compromiso es la realizada en junio a raíz de la emisión de la serie Intimidad y de la viralización de un vídeo íntimo del actor Santi Millán. Ya entonces evidenciamos que la pornovenganza a través de la revelación de imágenes íntimas, por ejemplo, es un delito en auge en España y de difícil solución. A pesar de que cada vez se registran más casos, la Policía reconoce que son hechos poco denunciados por las víctimas, que suelen sufrir una grave humillación.

También revelamos que casi el 10% de los adolescentes españoles reenvía material sexual sin el consentimiento de las personas que allí aparecen.

Hoy volvemos a poner el foco en el envío de imágenes y vídeos de contenido erótico a través del móvil o Internet, con la imprescindible mirada de Núria Marrón y su equipo, con motivo del caso Waka. Una joven de 16 años fue grabada sin su consentimiento practicando sexo oral en la discoteca de Sabadell y el vídeo se viralizó de forma masiva a través de las redes sociales. Al tratarse de una menor, y a pesar de que ella se encuentra en un lugar abierto al público, cualquier difusión de las imágenes constituye un delito. Los Mossos lo investigan, tanto por la posible agresión sexual como por la filmación, después de que la familia de la joven haya presentado una denuncia, igual que el chico que estaba con ella.

Con independencia de lo que la investigación pueda revelar, conviene recordar que difundir pornografía infantil -y así son calificados los contenidos sexuales protagonizados por menores- es un delito que puede suponer una pena de uno a cinco años de cárcel. Tampoco se debe olvidar el problema social que supone revictimizar a la menor que aparece en un vídeo sexual que se está viralizando después de haber sido grabado por personas sin escrúpulos.

Ante este escenario, la población de toda sociedad civilizada debe hacer huelga de móviles y renunciar a ver y a compartir las imágenes, por mucho morbo que a algunos les puedan despertar. No cabe otra que actuar como cortafuegos para proteger a la menor, no como correa de transmisión.

Suscríbete para seguir leyendo