Pulso PSOE-ERC por la ley de vivienda

El pasado mes de marzo dos políticas, la diputada Pilar Vallugera y la ministra Raquel Sánchez, adquirieron un compromiso de envergadura desde la tribuna del Congreso. La primera renunciaba a la votación de la enmienda a la totalidad de devolución a la ley de vivienda para que el Gobierno Sánchez no tuviera que retirarla (los votos de ERC eran determinantes) y, a la vez, la responsable gubernamental se comprometía a hacer las modificaciones que hicieran falta para respetar el marco competencial catalán y las demandas sociales. Un recíproco y loable ejercicio de responsabilidad que se correspondía con la trascendencia del texto legislativo y con la magnitud del problema social que se tiene que abordar.

Lo exigían las consecuencias de las crisis del covid-19, que además de golpear a las personas que se alojaban en viviendas sin unas condiciones de razonable comodidad, incrementándoles el riesgo de contagio, no solo pagaron con creces las consecuencias de la caída en un año del 5,7% de la renta media, sino también el mantenimiento de los alquileres alrededor de los 735 euros de media y de los 900 en determinadas zonas de las áreas metropolitanas. Es decir, mientras los ingresos de las familias trabajadoras caían en picado, los grandes propietarios de vivienda mantenían o incluso incrementaban sus exigencias, creando una rampa directa a la precariedad. Un panorama desolador presidido por el imperativo de tener que destinar el 40% de los ingresos al acceso a la vivienda, porcentaje que se elevaba al 54% para las familias con unos ingresos inferiores a 1.000 euros.

Ya en 2020, los movimientos sociales, encabezados por el Sindicat de Llogateres y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y el Gobierno de Catalunya supieron en esta ocasión converger y poner manos a la obra: ERC, Junts, 'comuns' y CUP aprobaron la ley, impulsada por la 'consellera' Esther Capella, para posibilitar la rebaja de los precios de alquiler y evitar desahucios a manos de grandes tenedores de vivienda. Un texto que contemplaba la creación de un índice de referencia para fijar precios máximos de alquiler en zonas tensionadas, la prohibición de incrementar el alquiler respeto el contrato anterior en estas mismas zonas o la obligación de ofrecer alquiler social por parte de los fondos buitre y entidades bancarias.

Y las consecuencias no se hicieron esperar: después de un año, los precios no solo disminuyeron en los municipios afectados por la norma por encima del 2,2%, sino que también se desmentía el mantra emitido por los especuladores inmobiliarios que pretendía hacer creer que la regulación de precios hacía disminuir la oferta. Los datos lo desmentían: los contratos de alquiler en las zonas reguladas crecían (9,1%), incluso más que en las zonas no reguladas (6,4%).

No obstante, llegó el batacazo. Efectivamente, el Tribunal Constitucional desmanteló la ley Capella a instancias del Partido Popular y del Gobierno español. Los intereses de la gran patronal inmobiliaria, los fondos buitres y quienes pretendían especular con la vivienda habían triunfado.

Llegados a este punto, hoy, a finales de 2022, la situación continúa empeorando: inflación descontrolada, congelación de salarios, alquileres al alza y lanzamientos de vivienda que, en el segundo trimestre del año en curso, han superado la cifra de 1.800, mientras el precio medio del alquiler se ha incrementado un 9,2% en Catalunya respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, la ley de vivienda presentada por el Gobierno español, a pesar de venir también patrocinada por Unidas Podemos, no alcanzaba la ambición del contenido de la ley catalana y, a la vez, laminaba las competencias estatutarias. Las posiciones desde hace un año están enrocadas: por un lado, más de un centenar de asociaciones y entidades implicadas en el movimiento de defensa de la vivienda atrincheradas en la defensa de los contenidos de la ley catalana para poder volver a aplicarlos en Catalunya. Del otro, el PSOE atenazado por los grandes tenedores y las entidades financieras.

A lo sumo, tan solo queda un año de legislatura y el bloque de investidura cometería una gran irresponsabilidad si no culminara un texto legislativo eficaz, que integrara la potencialidad de las soluciones catalanas surgidas de los movimientos sociales y del Parlament, por lo cual el PSOE tiene que dar un paso adelante para proteger a las personas más vulnerables, reconociendo lo que se aprobó en el Parlament de Catalunya y, en el marco de sus competencias, exportando el contenido a través de la ley estatal, para proteger los derechos sociales de la ciudadanía del conjunto del Estado.

Y un deseo para fin de año: más allá de las medidas puntuales y extraordinarias aprobadas por el Gobierno español, que la mano extendida de la diputada catalana Vallugera y la palabra dada por la ministra catalana Sánchez salgan bien, a fin de que la solución catalana llegue aquí y a todas partes.

Suscríbete para seguir leyendo