Victoria argumental de ERC

En el debate de las últimas semanas sobre la supresión del delito de sedición, el Gobierno argumentaba que en los códigos penales de otros muchos países europeos no existe, en el apartado de delitos contra el orden público, un delito tan genérico y con penas tan altas como el de sedición en España. Siendo eso cierto, también lo es que en esos mismos códigos se castiga con penas similares o superiores al español los delitos contra la Constitución.

En la sentencia contra los líderes del 'procés', el Tribunal Supremo descartó el delito de rebelión y condenó por sedición (que es un delito contra el orden público), asegurando que solamente quisieron forzar una negociación y nunca llevaron a cabo ni previeron acciones con la violencia suficiente requerida para la rebelión (que es un delito contra la Constitución). De no haberlo interpretado así, el tribunal tendría que haberlos condenado solo por desobediencia, añadiendo en algunos casos el delito de malversación. Por tanto, si alguna reforma necesitaba el Código Penal a la luz de lo sucedido en Catalunya en 2017, no era tanto la supresión de la sedición como la ampliación de los delitos contra la Constitución, porque es evidente que con el 'procés' los independentistas no pretendían atentar contra el orden público, sino dejar sin efecto la aplicación del orden constitucional.

Con la eliminación sin más del delito de sedición, Pedro Sánchez ha regalado argumentos al independentismo que siempre ha sostenido que no había habido más delito que el de desobediencia, que los acusados aceptaron y sus abogados propusieron como condena en el juicio. De cara a la justicia europea, es una pésima señal porque deslegitima el veredicto del Tribunal Supremo, que fue moderado y que no exigió el cumplimiento íntegro de las penas. El problema de la reforma del Código Penal es que no mira al futuro, pues no se ha modificado para defender mejor la democracia de nuevos golpes posmodernos, sino que se ha convertido en otra vía para aliviar las condenas de los dirigentes del 'procés', lo cual podría haberse logrado igualmente con un nuevo indulto, si esta era la voluntad del Gobierno por razones de interés general. 

En paralelo, la rebaja del delito de malversación sirve para ampliar el perdón a los condenados y sobre todo prepara el terreno para una condena más benigna hacia una docena de acusados en el juicio que todavía tiene que celebrarse por preparar la votación ilegal del 1-O. Aunque al tratarse de dinero público para una mayoría de ciudadanos esa es una reforma inaceptable, políticamente es más transitable, puesto que no se despenalizan los hechos, a diferencia de la sedición, que se borra por completo del Código Penal, sino que se rebaja la pena de cárcel e inhabilitación. En cualquier caso, con ambos cambios, la próxima vez que lo intenten, ellos u otros dirigentes separatistas, el riesgo de acabar en la cárcel será mucho menor, lo cual sí que es algo del todo inaudito en los códigos penales europeos. 

La otra objeción de fondo no es tanto que se suprima la sedición o se rebaje la pena por malversar dinero público cuando no hay un lucro personal, atenuante por otro lado más que discutible (¿por qué razón es menos grave?), sino que se hace para favorecer a unas determinadas personas con nombres y apellidos en el marco de unos intercambios de apoyos en el Congreso. Y aunque eso se aproxime a una amnistía encubierta, no sería un problema si a cambio el independentismo hubiera hecho un acto de contrición y pedido perdón. La reconciliación siempre es el mejor camino. Pero no ha sido esa su actitud, sino la de pavonearse de que la próxima vez les saldría más barato y que, como ha dicho Oriol Junqueras, un referéndum unilateral no es delito. 

La crítica es que, con esas reformas, Sánchez ha regalado argumentos sustantivos a cambio de nada. Con los indultos, la posición del Estado se reforzó, pues el perdón solo está al alcance del vencedor. Ahora, en cambio, el Gobierno español lo que hace es comprar el marco discursivo del independentismo, según el cual, el 1-O no hubo más delito que el de desobediencia y las sentencias fueron injustas. Con ello tampoco se desinflama Catalunya, como afirman desde la Moncloa, pues eso ya se logró con los indultos, sino que se sirve a ERC una victoria argumental. 

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