Artículo de Rafael Jorba

‘Embolicar la troca’

ERC propone ahora un referéndum siguiendo la ‘vía de Montenegro’ y olvida que la reforma del Estatut exige el voto favorable de las dos terceras partes del Parlament

Pere Aragonés antes del inicio de la reunión extraordinaria del Consell Executiu celebrada en el Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Pere Aragonés antes del inicio de la reunión extraordinaria del Consell Executiu celebrada en el Institut d'Estudis Catalans (IEC). / JORDI COTRINA

Rafael Jorba

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Hay una expresión catalana –“embolicar la troca”– que tendría su equivalente castellano: “marear la perdiz”. Esta es la sensación que me produce la enésima propuesta de ERC sobre un referéndum: ahora, la llamada ‘vía de Montenegro’. Cuando en Madrid asistimos a una crisis institucional en toda regla, con el telón de fondo de la arriesgada apuesta del presidente Sánchez de reformar los delitos de sedición y malversación para superar, según sus propias palabras, el exceso de judicialización y el déficit de política de la crisis catalana, la otra parte contratante incrementa su apuesta: entramos en ‘modo referéndum’.

La propuesta del ‘president’ Aragonès, que se incluye en la ponencia ideológica que aprobará el congreso de ERC a finales de enero, tiene una doble lectura: una, en lenguaje cifrado, en favor de una “consulta pactada” y en contra de la vía unilateral que proponen sus adversarios de JxCat, y otra lectura, en clave de política española, que abona la tesis de las tres derechas –PP, Cs y Vox– de que el próximo paso del presidente Sánchez será abrir la puerta a una consulta para asegurarse la continuidad de su alianza parlamentaria con ERC.

Más allá de los juicios de intenciones, de unos y otros, la realidad es que ERC continúa “embolicant la troca” –mareando la perdiz– y utilizando eufemismos para no reconocer explícitamente que el ‘procés’ –las ‘leyes de desconexión’, el llamado ‘mandato’ del 1-O y la declaración unilateral de independencia– entró en vía muerta. Está en su derecho de seguir defendiendo la independencia y un referéndum de autodeterminación, máxime dado el carácter “no militante” de la Constitución española, pero es obligación de los analistas separar el grano de la paja, es decir, la retórica ‘procesista’ de la realidad, sobre todo para no alimentar el ruido político español y el diagnóstico apocalíptico de las derechas.

“Embolica que fa fort”, dice otro refrán catalán. Primero defendieron la ‘vía escocesa’, olvidando que el referéndum de Escocia pudo celebrarse gracias al acuerdo de Edimburgo, de 15 de octubre de 2012, por el que se transfería temporalmente al Parlamento escocés la facultad de convocar una consulta, como acaba de corroborarlo el Tribunal Supremo del Reino Unido: rechaza que pueda convocarse otro referéndum sin la autorización expresa del Parlamento británico. Hace un par de meses abogaron por la ley de Claridad canadiense escondiendo su carácter de ‘ley candado’: desde su aprobación en el 2000 no ha servido para que Quebec pudiera realizar referéndum alguno.

Los partidos deben poner sobre mesa –esa sí, de diálogo– una propuesta que pueda ser aprobada por una amplia mayoría parlamentaria y refrendada por la ciudadanía

Ahora, en medio de la alarma de la derecha política y mediática española, ERC ha inscrito en su ponencia congresual otra fórmula magistral: la llamada ‘vía de Montenegro’, es decir, las condiciones de validación que la UE impuso para el referéndum que condujo a la independencia de este territorio del Estado confederado de Serbia: el 55% de 'síes' siempre que la participación supere el 50% del censo. No hay que invocar los principios constitucionales para echar por tierra esta propuesta: basta con leer el artículo 222 del Estatut que fija el quórum para su reforma: “El voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Parlament”.

Sí, esta es la ‘vía catalana’, es decir, la mayoría que se necesita para aprobar una reforma del Estatut en la Cámara catalana, remitirla después a las Cortes Generales, ratificarla mediante una ley orgánica y someter finalmente el texto a referéndum en Catalunya. Una eventual consulta de autodeterminación, más allá de su constitucionalidad, debería contar como mínimo con el respaldo que se precisa en el Parlament para una reforma estatutaria. La ‘vía catalana’, además, tiene la virtud de que no pone el carro delante de los bueyes: exige primero un ejercicio de democracia deliberativa entre los partidos catalanes.

La democracia dual –y ritual– no puede sustituir a la democracia deliberativa: reduce las cuestiones complejas a simples alternativas binarias. La realidad ya lo ha demostrado: tanto la consulta del de 9-N de 2014 como el referéndum del 1-O de 2017 y los resultados electorales dibujan una Catalunya empatada consigo misma. Los partidos catalanes deben consensuar y poner sobre la mesa –esa sí, de diálogo– una propuesta que pueda ser aprobada primero por una amplia mayoría parlamentaria y refrendada después por la ciudadanía. Ni Escocia, ni Quebec ni Montenegro: la ‘vía catalana’.

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