Artículo de Antón Losada

La reforma de los líos

Los mismos socialistas que hoy denuncian que Pedro Sánchez pacta sus penas con los delincuentes, consideraron desproporcionado que el Tribunal Supremo ratificase la condena de seis años de cárcel por malversación contra José Antonio Griñán

Javier Lambán, Emiliano García-Page y Ximo Puig.

Javier Lambán, Emiliano García-Page y Ximo Puig.

Antón Losada

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El ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2015 una de las reformas penales más extensas y regresivas de la historia democrática. Lo hizo únicamente con sus votos y pese a informes no precisamente favorables del CGPJ o el Consejo fiscal. Aquella Ley orgánica 1/2015 introdujo la prisión permanente revisable, endureció las penas por desórdenes y unificó la malversación eliminando la distinción entre apropiación con lucro y desviación sin lucro. 

Los cambios en la malversación fueron 'ad hoc', justo aquello que jamás debe hacerse en sede penal: tipificar conductas sobre casos particulares. Perseguían dos objetivos: el efecto disuasorio de incrementar el castigo para quienes pretendían convocar el referéndum en Catalunya y diluir la marea de escándalos que asolaba al PP convirtiendo toda malversación en corrupción. El primero no se logró visto lo sucedido. El segundo sí a la vista de cómo hoy el PP se atreve a trazar la raya anticorrupción. Esta reforma contra la cual votó el PSOE en 2015 es la misma que hoy añoran socialistas como García-Page o Javier Lambán, invocando la defensa efectiva del Estado de derecho; así de locas están las cosas en el PSOE.

Pero no se vayan, que hay más. Los mismos socialistas que hoy denuncian que Pedro Sánchez pacta sus penas con los delincuentes, consideraron desproporcionado que el Tribunal Supremo ratificase la condena de seis años de cárcel por malversación contra José Antonio Griñán. El presidente manchego salió a recordarnos que Griñán no era un corrupto porque “no se había llevado ni un euro”. El presidente aragonés reclamó el indulto por razones humanitarias. Ahora, en cambio, ambos se oponen a una reforma que vuelve a distinguir entre apropiación y desviación y no despenaliza ningún supuesto; justo lo que se pedía entonces. Ahora, al parecer, solo es corrupción lo que hacen los demás y solo resultan legítimos los indultos para los míos.

Las encuestas indican que la reforma de la malversación divide a los socialistas -a la mitad le parece mal- pero la mayoría tiene claro que les va a costar votos. Page y Lambán representan a ese votante. Poca fe deben de tener en su gestión para pensar que dos o tres años más o menos de cárcel a un puñado de cargos de ERC pueden costarle la presidencia. ¿Cuándo se convirtió en bandera de la izquierda meter a la gente más años en prisión?

Para acabar de arreglar el embrollo socialista, el TC que la derecha impide renovar delibera si suspende cautelarmente al poder legislativo para que la mayoría que legítimamente gobierna no cambie el sistema de elección de sus magistrados. Si así lo hace, ¿Page y Lambán se alegrarán porque se paraliza la reforma que, según ellos, deja inerme al Estado o se indignarán como demócratas porque se suspenda preventivamente un Parlamento? Si el TC rechaza el recurso, ¿deben entristecerse porque la reforma sale adelante o alegrarse porque se respete la soberanía de las Cortes? Así de imposible es la contradicción donde se han metido. 

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