Ignorancia y mala fe

Es una evidencia que el sistema de protección social, y concretamente el sistema de pensiones, es uno de los instrumentos de mayor redistribución social de nuestro Estado del bienestar. Un pacto intergeneracional que es garantía de cohesión social. La joya de la corona.

El sistema es sostenible y los datos que lo demuestran están ahí. El cierre de 2022 será una tercera parte del ejercicio de 2018, un 0,5%. Y la afiliación supera los 20 millones de afiliados gracias al dinamismo del empleo en calidad y en cantidad, con tasas de crecimiento superiores a 2006.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, los terceros en esta legislatura, continúan consolidando su sostenibilidad, a la par que hacen efectivo el derecho -porque es un derecho- del mantenimiento del poder de compra en base al Índice de Precios al Consumo (IPC)

Llueva, nieve o granice, las personas pensionistas van a ver garantizado el poder adquisitivo con la revalorización del 8,54%. Cumpliendo, así, la ley. 

Fue la Ley 21/2021, de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas, la que derogó la nefasta reforma del 2013 del Partido Popular (PP) por insostenible económica, social, jurídica y políticamente; ya que llevaba a las personas pensionistas a la pobreza y al desequilibrio financiero del sistema. Incluso el PP de Rajoy la desechó en sus PGE para 2018.

La travesía hasta revertir tal injusticia fue el objetivo prioritario de los y las socialistas. Para ello, recuperar el acuerdo en el Pacto de Toledo fue todo un logro, y recoger el mandato claro de la ciudadanía de garantizar el poder adquisitivo con el IPC fue lo siguiente. 

Porque garantizar las pensiones adecuadamente actualizadas es un derecho. Es garantizar que no haya pobreza; es asegurar que el propio sistema económico sea sostenible al avalar el poder de compra de nuestros mayores. Máxime si en unos años la población mayor va a pasar del 20% al 35%. Garantizar el poder adquisitivo hoy es asegurar el fortalecimiento económico del país de presente y de futuro. Factor esencial para la cohesión social.

Por ello, mentir, embarrar, confrontar entre generaciones, y con los jóvenes especialmente; es atacar el sistema de pensiones generando incertidumbre e inseguridad. Y eso tiene un nombre: mala fe manifiesta.  

El ensañamiento con el sistema de pensiones público de algunas formaciones políticas en el último debate de presupuestos ha sido miserable. Poner en cuestión la revalorización del IPC es atacar el pacto y al propio sistema y genera inestabilidad. Y no todo vale. Esta forma de hacer política de bulos y falsedades, a la que nos tiene acostumbrada la derecha y la ultraderecha de nuestro país, merece todo nuestro reproche político. Con el sistema de pensiones no cabe ni ignorancia ni mala fe. 

Este Gobierno y los y las socialistas creemos en el consenso y en el pacto, y más en reformas estructurales de las pensiones. Porque es hablar de estabilidad y confianza en los mercados, de la mejora de las condiciones en el empleo y de apoyar a las empresas. Gracias a las medidas adoptadas por este Gobierno, más de 175 leyes a día de hoy, se protege a la ciudadanía y se fijan bases sólidas sobe las que construir este país. Todo ello es garantía de cohesión social. Todo ello, nos fortalece como sociedad.