Pensiones: la reforma postergada

Con las pensiones en España ocurre como con el cambio climático: hay cierto consenso en que nos abocamos al límite de la sostenibilidad (en un caso del sistema de la Seguridad Social, en el otro, del planeta), pero los pasos para evitarlo son todavía insuficientes. La razón es que en ambos casos implica tomar medidas impopulares, que los gobiernos prefieren postergar, hasta que se ven obligados a hacerlo. En España, después de varias reformas de las pensiones, volvemos a encontrarnos en la urgencia de modificar el sistema para garantizar su viabilidad futura, que no es otra cosa que conseguir que los ingresos cubran los gastos, lo que actualmente está en entredicho. La urgencia viene dada por la Comisión Europea, ante la que el Gobierno se ha comprometido a tener aprobada una reforma antes del 31 de diciembre. Es la condición para que España reciba los fondos europeos para la recuperación. Apenas queda un mes para presentar a Bruselas los deberes hechos, una misión altamente difícil vistas las posturas divergentes entre el ministro del ramo, José Luis Escrivá, y los agentes sociales, así como en el seno mismo del Gobierno. La vicepresidenta Yolanda Díaz (Podemos) se ha mostrado abiertamente crítica con la propuesta, en una nueva exhibición de discrepancia entre socios de coalición.

La sostenibilidad del sistema de pensiones puede abordarse aumentando los ingresos a la Seguridad Social o reduciendo los gastos, o bien una mezcla de ambos. La última reforma de enero de 2022 incorporó medidas para aumentar las cotizaciones, esto es, los ingresos (incentivando el retraso de la edad de jubilación y penalizando las prejubilaciones), pero también vinculó la revalorización de las pensiones a la subida del IPC. Fue una medida bien recibida entonces, porque es una manera de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Probablemente el Gobierno no contaba con que el año acabaría con una inflación disparada que ha hecho que las pensiones vayan a subir el 8,5% en 2023, lo que tendrá un impacto presupuestario de más de 13.500 millones de euros.

Es preciso, pues, acometer fórmulas que den estabilidad al sistema. La presentada por Escrivá intenta corregir los desequilibrios actuales a través de dos medidas controvertidas. Una de ellas es ampliar el periodo para el cálculo de las pensiones, de los 25 años actuales a 30 (pudiendo descartar los dos peores). Dice el ministro que así se benefician los trabajadores con carreras laborales más discontinuas, si bien salen perjudicados aquellos que han ido mejorando su situación laboral con los años. Los sindicatos (y Yolanda Díaz) temen que los efectos sean negativos para la mayoría. Cuesta de entender que Escrivá insista en este punto tan controvertido si, como él asegura, tiene un efecto fiscal neutro, es decir, no ayuda a la sostenibilidad del sistema. Por ello, CCOO y UGT exigen que se retire por innecesaria. La segunda medida planteada por el ministro, aumentar las bases de cotizaciones de los salarios más altos, en cambio, sí que aumentaría claramente los ingresos de la Seguridad Social. Lo aprueban los sindicatos en igual medida que lo rechaza la patronal, porque implica aumentar los costes laborales.

Escrivá no puede ignorar los requerimientos de Bruselas, ni puede postergar más una reforma necesaria, pero no es nada conveniente llevarla a cabo sin el consenso del Pacto de Toledo. La falta de acuerdo social y de avales políticos en este asunto podrían encender la conflictividad y desgastar al Gobierno.