Jaque del Gobierno al CGPJ

Un poco de pedagogía en medio del ruido político. El Tribunal Constitucional (TC), según establece la Carta Magna, se compone de 12 miembros: cuatro son elegidos a propuesta del Congreso por una mayoría de tres quintos de sus miembros, otros cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, y de los cuatro restantes, dos son elegidos a propuesta del Gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es, precisamente, la designación de los magistrados de este último tercio la que está en el centro de la polémica. El retraso injustificado del CGPJ a la hora de nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponden, en teoría de forma simultánea con los dos que debe designar el Gobierno, ha llevado al presidente Sánchez a mover ficha sin esperar más tiempo. El Consejo de Ministros de este martes ha nombrado a dos magistrados: Juan Carlos Campo, juez y exministro de Justicia, y Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, exdirectora general de Asuntos Constitucionales en la Moncloa y miembro del Consell de Garanties Estatutàries.

El Gobierno ha movido ficha y ha pasado la responsabilidad al propio Tribunal Constitucional que deberá decidir cómo gestiona una situación inédita en la que solo se han elegido la mitad de los magistrados de este tercio. El TC, en este contexto, deberá comunicar la designación de los magistrados al CGPJ para forzarle a desbloquear los dos nombramientos que le corresponde hacer y que, en los últimos cinco meses, han venido impidiendo los ocho vocales del sector conservador afín al PP. En el trasfondo de este pleito, más político que jurídico, está el propio equilibrio de fuerzas en el seno del TC: de una correlación favorable al sector conservador se pasaría a otra de mayoría progresista. 

Desde esta óptica, en el plano legal, los dos nombramientos efectuados por el Gobierno encajan en lo previsto en la Constitución: son «juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional». En el plano político, sin embargo, es evidente el sesgo partidista de su designación, sobre todo en el caso del magistrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Pedro Sánchez. Toda la oposición e, incluso Unidas Podemos, integrante de la coalición de gobierno, han puesto el grito en el cielo. En el caso de las críticas del PP, incluso en cuanto tengan fundamento, puede aplicarse aquel refrán castellano de «consejos vendo y para mí no tengo». En efecto, en la última renovación del TC (2013) el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo optó por dos personas de marcado perfil político: Enrique López, actual consejero de Justicia de Madrid, y Francisco José Hernando, ya fallecido, que presidía el CGPJ y era un referente de su sector conservador. En el pasado, el PP tuvo un presidente del TC que era militante del partido -Francisco Pérez de los Cobos- y un magistrado -Andrés Ollero- que había sido diputado.

Evidentemente, la decisión del Gobierno tiene una clara justificación en la necesidad de acabar con una práctica de filibusterismo judicial obligando al sector conservador enrocado para conservar su mayoría en espera de una victoria del PP, aunque la repetición de prácticas de sesgo partidista resta fuerza a la decisión del Gobierno de mover ficha para forzar al CGPJ a designar a sus dos magistrados en el TC. No es de recibo, sin embargo, la apelación genérica al espejo europeo. En Europa hay ejemplos para todos los gustos. En el caso de Francia, los nueve miembros de su Consejo Constitucional son designados, respectivamente, por el presidente de la República y los presidentes de la Asamblea Nacional y del Senado, a razón de un tercio cada uno (su actual presidente es el exprimer ministro socialista Laurent Fabius). En España, unos y otros, lo que deben hacer es empezar por cumplir la Constitución, en la letra, y también en su espíritu.