Otro parche en nombre de la vivienda

Entre 2004 y mediados de 2007 cualquier ciudadano que entraba en una sucursal bancaria o de caja de ahorros para pedir una hipoteca recibía todas las facilidades del mundo para obtenerla. Bastaba con presentar una nómina y mostrar ilusión. Se ofrecían hipotecas que, en algunos casos, llegaban a representar incluso más del 100% del valor de la vivienda comprada frente al que, entonces, era un aconsejable 80%. Tampoco se tenía en cuenta si la cuota anual de la hipoteca superaba el 35% de los ingresos brutos del comprador. ¿Los años para pagar? Se estiraban como un chicle. Hasta 50 años se podían lograr si se negociaba bien. Tal era el nivel de competencia y de laxitud a la hora de controlar los riesgos por parte, sobre todo, de las cajas de ahorro. La hipoteca servía, además, para poder comprar un coche o, por supuesto, amueblar la casa o irse de viaje.

Aquella fiesta hipotecaria española no era única. En Estados Unidos, su presidente George W. Bush incitó a que todos pudieran ser propietarios. Los tipos de interés bajos y las facilidades ofrecidas por entidades semipúblicas que facilitaban la titulización de las hipotecas en los mercados secundarios abrieron todos los melones. Los valores de las viviendas, como no paraban de aumentar, eran la garantía de que nada podía salir mal.

Pero no. La fiesta hipotecaria se acabó, el sector inmobiliario se desplomó y el financiero se quebró. En España pasaron a mejor vida el 90% de las cajas de ahorro. Tiempos de rescate y plañideras. De la euforia a la gran recesión. En medio del camino, crisis, morosidad al alza y desahucios. Políticamente, de aquellos lodos surgieron nuevas personalidades. Una activista callejera que se disfrazaba para protestar contra la banca, Ada Colau, aún es alcaldesa de Barcelona.

Las entidades financieras que sobrevivieron al temporal empezaron a trocear sus activos inmobiliarios para salvar sus balances. Negociaron con los clientes, ampliando plazos de pago cuando fuera posible y extendiendo las carencias. El estado creó un «banco malo» lleno de activos «malos», aterrizaron con ganas los fondos buitres de inversión inmobiliaria a la compra de oportunidades. Se reinició el eterno debate: comprar o alquilar. En países como Alemania, donde solo es propietario de vivienda un 50% de la población o en Francia, un 63%, la crisis hipotecaria apenas afectó a la población.

Han pasado los años desde aquella crisis que hoy nos parece remota y la tasa de propietarios de vivienda en España ha bajado del 80% al 75,1%, según Eurostat. Los tipos de interés a cero del último lustro facilitaron la recuperación del sector y un 'miniboom' hipotecario que también se aprovechó de los efectos perversos de las leyes de alquiler y la sensación de inseguridad jurídica que han ido fraguando nuestros gobiernos. Uno de los grandes fracasos de las administraciones españolas ha sido la incapacidad de realizar efectivas políticas de vivienda pública de alquiler. Mientras tanto, los bancos volvieron a competir para dar hipotecas, con una gestión de riesgos más sana que a comienzos de siglo.

Sube el euríbor y vuelve el miedo hipotecario. El Gobierno cifra en un millón de hogares los posibles afectados por la actual crisis de precios y presiona a los bancos -como si estos no lo hicieran, por la cuenta que les trae- para que renegocie con los afectados esas hipotecas. Ganas de ponerse unas medallas por un parche que no soluciona el problema de raíz, endémico, que sufre el sector de la vivienda en España.

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