Las funciones del parlamento y la responsabilidad

La absolución por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del expresidente del Parlament, Roger Torrent, y de los otros miembros de la mesa de la Cámara catalana, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, del delito de desobediencia por haber permitido la tramitación de resoluciones que reivindicaban el derecho de autodeterminación, en contra del criterio del Tribunal Constitucional –que había emitido providencias–, ha de interpretarse como una buena noticia para que, en el marco de un Estado de Derecho, la institución representativa y por tanto, la que aporta legitimidad democrática al conjunto del sistema político, pueda ejercer todas sus funciones con normalidad.

El parlamento, cuya propia denominación evoca la acción de hablar y, por tanto, las ideas de debate y deliberación, es institución central en los sistemas democráticos y en particular en los sistemas parlamentarios, la institución alrededor de la cual se articula todo el proceso político. El parlamento, que es elegido democráticamente por los ciudadanos, tiene encomendadas las funciones representativas, de formación, mantenimiento y control del gobierno y las funciones legislativas y presupuestarias, y además, en muchos casos, el nombramiento del personal de otros órganos indispensables para el buen funcionamiento del sistema en su conjunto. Y es precisamente en el cumplimiento de esas funciones donde se enmarca la importancia del debate parlamentario, más teniendo en cuenta que los diputados no están vinculados por el mandato imperativo y que su obligación es precisamente deliberar con el objetivo de conformar, idealmente, la voluntad general, aunque en la democracia de partidos acabe desembocando, en el mejor de los casos, en la voluntad de la mayoría.

Por ello, limitar el alcance del debate en el Parlament no parece la vía más apropiada para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones. Pero una cosa es debatir y otra actuar, y teniendo en cuenta los antecedentes de lo sucedido en el Parlament de Catalunya, en especial los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando una mayoría parlamentaria traspasó todos los límites ignorando además los derechos de la minoría, así como el intento de declaración de independencia del 27 de octubre de ese mismo año, efímera pero declaración de independencia al fin y al cabo, resulta comprensible que el Tribunal Constitucional tratase de evitar, probablemente excediéndose, la repetición de unos hechos que difícilmente iban a volver a producirse.

Después de 2017, la voluntad de la mayoría independentista ya no ha sido declarar la independencia –si es que alguna vez esa fue la verdadera intención– sino dejar constancia de que siguen aspirando a ella, lo que es absolutamente legítimo. La democracia española, en tanto que democracia no militante, permite perseguir objetivos políticos disconformes con el actual marco constitucional y por ello no deben limitarse los debates al respecto, afecten a la integridad territorial o afecten al Rey. De hecho, no debe limitarse ningún debate siempre y cuando no atente contra derechos fundamentales, ya que prohibir, censurar o limitar debates por su contenido o por la naturaleza ideológica de sus promotores violenta la esencia misma del parlamento.

Pero lo que no resulta aceptable desde un punto de vista democrático es que el independentismo celebre la sentencia del TSJC solo porque le da la razón y denuncie judicialización de la política y persecución cuando los tribunales no se la dan. Del mismo modo que exige respeto para garantizar el cumplimiento de las funciones del Parlament, hay que exigirle respeto por las atribuciones y decisiones del poder judicial. Eso y que se comporte responsablemente y evite instrumentalizar la institución y contribuya a hacer del Parlament un lugar con más deliberación, con menos histrionismo en la exhibición de las diferencias, donde se asuman las discrepancias y se reconozca la legitimidad del oponente político y de sus decisiones. No solo al independentismo, también al resto. Y en ese caso ya no hará falta que la justicia intervenga.

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