COP27, sin compensaciones reales para los más perjudicados

Para quienes llevamos años trabajando por la justicia global, la COP27 de Sharm el-Sheikh tenía un interés especial. En un contexto mundial marcado por la crisis energética retroalimentada con la guerra de Ucrania, ya temíamos que las corporaciones y los gobiernos evitarían cualquier avance en la limitación de emisiones. Las esperanzas para esta cumbre 'africana' se focalizaban en la oportunidad de atender, por fin, las demandas de justicia climática de los países del Sur global.

El reclamo viene de lejos. En 1991, la Alianza de Pequeños Estados Insulares ya lanzó un grito de alarma y una propuesta para que la comunidad internacional se hiciera cargo del severo impacto que el cambio climático ya tenía en sus países. Los países del Sur global llevan más de tres décadas reclamando apoyo y señalando la injusticia que supone la gran desigualdad histórica, tanto en lo que respecta a las responsabilidades, como al sufrimiento de sus consecuencias de las emisiones. Más aún cuando, en la mayoría de los casos, los más afectados son los menos responsables.

No fue hasta 2015 que el acuerdo de París recogió la necesidad de "evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático". Eso sí, a cambio de que los países empobrecidos renunciaran a demandas legales por esos conceptos. Y, tras varios años en que este compromiso había vuelto a quedar relegado, la COP27 aparecía como el 'ahora o nunca'.

Sharm el-Sheikh ha supuesto una gran decepción por la ausencia de un llamamiento a eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Mucho más si tenemos en cuenta las pocas esperanzas que concita al respecto la ubicación de la siguiente: los Emiratos Árabes Unidos. Tampoco se ha avanzado nada en la actualización de los planes nacionales de reducción de emisiones, para limitar el sobrecalentamiento global a los 1,5 grados. Con los planes vigentes se proyecta un sobrecalentamiento inhumano, de 2,5 grados. 

Ni siquiera se han registrado avances sobre el otro mecanismo de justicia climática, el fondo de 100.000 millones de dólares para los países en eternas “vías de desarrollo”, con el objetivo de ayudar a la transición energética para mitigar sus emisiones, así como para la adaptación y prevención de desastres climáticos. ¡La concreción de este fondo sigue pendiente desde su anuncio en Copenhague 2009! Con este panorama, la aprobación del fondo de pérdidas y daños era, pues, la tabla de salvación que permitiría presentar algún avance, y el anuncio llegó, finalmente, como siempre, en el último minuto de la prórroga. 

El anuncio deja, sin embargo, un sabor de boca agridulce. Es cierto que supone un reconocimiento político de la necesidad de este mecanismo de compensación, haciendo referencia, entre otros, a los desplazamientos forzados y los efectos en el patrimonio cultural, la movilidad y la vida, así como a los medios de subsistencia de las comunidades.

Pero no es cierto que se haya ha “creado” ni “establecido” ningún fondo, tal y como han dicho muchos medios. Estamos solamente ante un titular detrás del cual no hay nada. Nada sobre cómo se creará y gestionará, ni sobre qué países deberían aportarle financiación, ni qué países tendrían derecho a recibirla, ni bajo qué criterios, ni sobre la cantidad, ni sobre a partir de cuándo se hará efectivo. Otra patada hacia delante.

Se ha abierto una puerta pero, con los precedentes de otros acuerdos, eso no garantiza por sí solo que los países responsables vayan a cruzarla. Seguiremos trabajando para exigirles que la crucen. Las entidades y personas que cooperamos desde hace años con las comunidades del Sur global no podemos compartir hoy los paños calientes de quienes se conforman con celebrar que no se hayan dado pasos atrás en Sharm el-Sheikh. Cuando nadas contra corriente, en medio de un río tan caudaloso y potente como es el cambio climático que se nos viene encima, perder un año sin remar no supone otra cosa que un gravísimo retroceso.