Un alivio para los hipotecados

La penosa experiencia de la crisis económica de 2008, cuando decenas de miles de personas perdieron sus viviendas tras quedarse sin trabajo y, por tanto, sin posibilidades de pagar sus hipotecas, y, como consecuencia de ello, los bancos se hicieron con un indeseado e inmenso parque inmobiliario, ha permitido ahora al Gobierno alcanzar un acuerdo con la banca para ayudar a las familias vulnerables, afectadas por la subida de los tipos de interés de sus créditos hipotecarios. En esta ocasión, el departamento que dirige Nadia Calviño y las patronales bancarias han hecho un esfuerzo para evitar situaciones tan dramáticas como las que se vivieron entonces, teniendo presente que no existe justificación alguna para que sean las personas con menos recursos las que vean más penalizadas sus ya frágiles economías a causa de la inflación y de la subida de tipos decretada por los bancos centrales para frenarla. 

Se puede considerar, por ello, como una buena noticia ese pacto y la decisión del Consejo de Ministros de plasmarlo en la aprobación de una mejora y ampliación del Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables, aquellas con ingresos anuales de hasta 25.200 euros, así como en un nuevo código voluntario de apoyo a hogares de clase media hipotecados y con ingresos de hasta 29.400 euros. El hecho de que Gobierno y banca llevaran meses negociando hace prever que las entidades bancarias suscribirán esos códigos. 

Se trata de unas medidas que aliviarán económicamente a más de un millón de familias, que, cumpliendo unos requisitos, tendrán la oportunidad de alargar el periodo de carencia y los plazos de los pagos de sus créditos, reduciendo así la cuota mensual, además de permitírseles renegociar las condiciones del préstamo con los bancos, sin que se vean penalizadas por ello. Con esa intención el Gobierno ha aprobado también un real decreto que facilita el cambio de una hipoteca con tipo de interés variable a otra con tipo fijo, eliminando las comisiones por hacerlo, al tiempo que ha suprimido en algunos casos las comisiones por amortización anticipada. La nueva Autoridad de Defensa del Cliente, una figura prevista en un proyecto de ley aprobado también este martes, vigilará el cumplimiento de estas normas y dará seguridad a los usuarios frente a los bancos.

Estas medidas de alivio a los hipotecados no tienen por qué suponer perjuicio para las entidades bancarias, que encontrarán, sin duda, un beneficio en la renegociación de los créditos con la que evitarán impagos o embargos generalizados como ocurrió hace más de una década. No obstante, esta ha sido una de las preocupaciones de las patronales bancarias en su negociación con el Ejecutivo, interesadas, obviamente, en preservar un mercado hipotecario sólido y equilibrado, y, desde luego, por mantener saneado el negocio bancario.

Es precisamente la búsqueda de ese beneficio mutuo, que protege a los más vulnerables y a las familias de clase media hipotecadas y evita perjudicar a los bancos, lo que permite considerar equilibrados estos compromisos. Cabe preguntarse si como dicen la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos, estos acuerdos son insuficientes y suponen solo «un pequeño paso», porque es evidente que siempre se puede aspirar a proteger a un colectivo más amplio. No obstante, cabe concluir que estas medidas, aun siendo mejorables, suponen un avance en la protección de los más vulnerables y en la prevención de situaciones desdichadas.