Irene Montero: entre el activismo y la ley

Pamplona. Madrugada del 7 de julio de 2016. San Fermín. Un grupo de cinco hombres que se comunicaban a través de un chat de WhatsApp bautizado como “La Manada” violó a una joven de 18 años en un portal mientras grababan la acción. La víctima denunció los hechos no sin tener que soportar todo tipo de vejaciones, descalificaciones y dudas acerca de su estado, voluntad y comportamiento reflejados en un vídeo colgado en redes. Las imágenes pretendían hacer fluir aquello tan machista como hispano de la capacidad de provocación y la imposibilidad de contención. Y como la cabra tira al monte se pretendía apelar a una larga tradición de campar a sus anchas.   

Llegaron los juicios. Primero en la Audiencia Provincial de Navarra, que les condenó a 9 años de prisión por lo que consideró un abuso sexual. Por entonces, el Código Penal diferenciaba entre este delito y el de agresión, para el que era necesario demostrar violencia e intimidación. Recurso de la fiscalía pero también de la defensa, porque uno de los magistrados era partidario de la absolución. Vista en el Tribunal Superior de la Comunidad Foral. Reiteración de la sentencia pero con dos votos particulares en sentido contrario, mientras la indignación ciudadana crecía por momentos. De nuevo los recursos. Y el 21 de junio de 2019 llegó la conclusión del Supremo. Revocó las dos sentencias anteriores, entendió que había habido agresión y elevó las penas a 15 años de cárcel. Y así fue cómo la diferencia que determinaba el Código Penal entre abuso y violación ya no forma parte parte del cuerpo de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la del 'sí es sí' que la eliminó. Esto ha llevado esta semana a conocer el goteo de revisiones a la baja de las penas impuestas incluso por parte del abogado de La manada aunque no para todos sus defendidos por razones técnicas, dice.

A la Ministra de Igualdad, Irene María Montero Gil (Madrid, 13 de febrero de 1988), no le ha gustado que su primera ley de referencia se haya estrellado contra el muro de las fisuras penales. Lógico. La necesidad de reaccionar ante procesos judiciales siempre tortuosos para las víctimas e intentar blindarlas no encaja con la posibilidad de que estas vean en la calle a sus verdugos antes de lo asumido y poco después de la condena. Su trauma es permanente, no puntual, y su vida nunca podrá recuperarse del drama infligido. Pero esto no equivale a poder responder como han hecho ella y su equipo, insistiendo en que la ley es buena, que no hay nada que revisar y acusando a jueces y juezas de no estar a la altura, necesitando más y mejor reeducación penal. Hay sobrados escritos de advertencia de lo que podía suceder que, por cierto, también ignoraron los legisladores que le dieron luz verde. Congreso y Senado.

El activismo se lleva mal con la ley porque pretende que esta se adapte a una parte sin tener en cuenta el todo. Y las ínfulas de que una cartera ministerial es la mejor vía para conseguir con celeridad los efectos de la revolución pendiente se lleva peor con la realidad de un Estado de derecho, porque una cosa no es justa por ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. Y buena. Lo sentenció Montesquieu y algo tuvieron que ver sus ensayos en moldear la doctrina política que sigue sirviendo de marco para mejorar nuestra sociedad. 

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