La crisis del ‘sí es sí’

Cinco excarcelados y decenas de casos en revisión son los efectos indeseados de la ley de garantía integral de libertad sexual -la popular 'solo sí es sí'- desde su entrada en vigor el 7 de octubre. El problema ha hecho saltar todas las alarmas y ha provocado una profunda crisis política y jurídica sobre una de las leyes centrales de la legislatura. 

El origen de la ley cabe situarlo en el caso de La Manada y la indignación popular que desencadenó el primer fallo judicial en 2018 (después corregido por el Tribunal Supremo). La presión llegó a las instituciones y el PP, partido entonces en el Gobierno, adoptó el compromiso de reformar la ley. El testigo lo recogió el nuevo Gobierno de coalición y recayó en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Con la intención de extremar la protección de las mujeres frente a la violencia sexual, se situó el consentimiento como eje central de la ley y se eliminó el delito de abusos sexuales, integrándolo en el de agresiones sexuales. Con dicha unificación, se desarrolló una horquilla de penas que se adaptaban a los diferentes comportamientos delictivos. Para algunos supuestos, se contempló un endurecimiento penal. Para otros, se consideraron mínimos más bajos. Y ahí empezó a abrirse una grieta que ahora ha provocado un auténtico terremoto político, judicial y social.

Los jueces actúan sujetos al principio que les obliga a aplicar la norma más beneficiosa para el condenado con carácter retroactivo. Al haber bajado los mínimos en algunos supuestos, los reos tienen derecho a ser beneficiados por la nueva ley. A pesar de la alarma generada ante la revisión de los casos, cabe señalar que estas solo afectan a una parte de los condenados. En ningún caso se va a producir un alud de excarcelaciones, únicamente podrán beneficiarse aquellos que ya habían sido condenados por una pena mínima. 

El impacto es limitado, pero existe, y no debería de haberse producido. Del mismo modo que son inaceptables las primeras declaraciones de Montero acusando a los jueces de estar incumpliendo la nueva ley por «machismo». Que la estructura judicial adolece de sesgos machistas es algo que ya se ha denunciado en estas mismas páginas. Pero esa carencia no puede convertirse en una excusa. En primer lugar, porque cabe reconocer el esfuerzo que la judicatura está llevando a cabo para adoptar una mirada de género más favorable a las mujeres. En segundo lugar, porque hay pocas dudas de que la nueva ley no ha sabido dotarse de los mecanismos adecuados para evitar los actuales efectos indeseados.

Son muchos los expertos que advirtieron de que esto podía ocurrir. Queda para la hemeroteca el desprecio que suscitaron en los impulsores de la ley. Sea por ingenuidad, sea por soberbia es evidente de que hubo un error de cálculo. Es cierto que el Ministerio de Igualdad está siendo sometido a unas presiones especialmente virulentas, pero enrocarse en los errores no aporta ninguna solución al problema. 

El fiscal general del Estado, Álvaro García, ha asegurado que las revisiones de las penas se llevarán a cabo «huyendo de automatismos» y «con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y respeto a los principios constitucionales». Por su parte, Montero ha rebajado el tono de sus declaraciones. Los barones socialistas claman por encontrar una solución política y jurídica. Cabe encontrarla. Para restituir la credibilidad ante la ciudadanía y para profundizar en el consenso social en torno a la libertad sexual y el consentimiento.