Artículo de Jordi Nieva-Fenoll Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Sedición y malversación: que los árboles no impidan ver el bosque

Lo que llevó a la cárcel a los líderes independentistas no fue tanto su desobediencia como una respuesta desproporcionada de algunos actores que vieron una rebelión –en el último momento, sedición– donde solo hubo una desobediencia

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Pedro Sánchez, durante la entrevista con LaSexta

Pedro Sánchez, durante la entrevista con LaSexta

Bienvenida sea una reforma del delito de sedición que haga desaparecer su arcaica denominación y que rebaje su excesiva pena, cosa que también habría que hacer, de hecho, con otros delitos, estableciendo, por cierto, un sistema de cómputo de la pena que se base en algo un poco más científico que la percepción intuitiva de gravedad de un hecho por parte de un legislador. A veces, parece que en esta materia no hemos salido de los antiguos 20, 50 o 100 latigazos que imponían algunas leyes antiguas.

Bienvenida sea, si se estima oportuna, una reforma del delito de malversación que limite su ámbito a las conductas de auténtica apropiación o desvío de fondos públicos con ánimo directo o indirecto de enriquecer al malversador o a su entorno. El destino del dinero público se decide políticamente, intentando financiar determinadas actividades en función de las necesidades percibidas por el político como representante de la ciudadanía. Una discrepancia en la orientación ideológica de ese destino no debería llevar a nadie a la cárcel. Las sanciones administrativas también existen y pueden ser operativas.

Que se estén planteando estas reformas en el marco de las negociaciones de unos presupuestos es tal vez lo de menos. Por desgracia, hace tiempo que en la mayoría de países los partidos políticos solo ceden posiciones a cambio de algo, aunque sea en indudable beneficio de la ciudadanía, lo que debería llevarles a moverse mucho antes incluso de manera gratuita. Pero desengañémonos, no es así y costará mucho que se entienda que para la salud de la democracia no es bueno que sea así.

 Con todo, tal vez sería ya hora de no mirar el dedo que señala la luna, sino mirar a la luna directamente. Ahora el objetivo puntual es que unos políticos, primero, no vuelvan –o vayan– a la prisión, segundo, que puedan volver a la política y, tercero, que no planteen absurdas desobediencias al ordenamiento jurídico, restaurándose por todas las partes la normalidad perdida en 2017. Y ese es un objetivo legítimo, aunque muchos, demasiados, sigan pensando de modo tomista en castigos y arrepentimientos, olvidándose de una de las instituciones más importantes, no ya de la filosofía de Tomás de Aquino, sino de toda la religión cristiana: el perdón. Jamás pidió Jesús arrepentimiento a sus verdugos para perdonarles. Al menos, los creyentes no deberían olvidarlo tan a menudo.

Como decía, tal vez fuera bueno no dejarse llevar por urgencias negociadoras y poner las luces largas. Lo que llevó a la cárcel a los líderes políticos independentistas no fue tanto su desobediencia como una respuesta desproporcionada, ni siquiera del 'Estado', sino de algunos pocos de sus actores que vieron una rebelión –en el último momento, sedición– donde solo hubo una desobediencia. Es bueno recordar que la primera magistrada que los encarceló pertenecía a la Audiencia Nacional, un conjunto de tribunales de incuestionable origen franquista y que rompen, de hecho, el orden constitucional. El artículo 152 de la Constitución dice claramente que la organización judicial –con permiso del Tribunal Supremo– debe culminar en la comunidad autónoma. No en Madrid, en la Audiencia Nacional. ¿No sería hora de abolir de una vez la Audiencia Nacional, evitando futuros males?

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Finalmente, hay que recordar que la teoría de la 'rebelión' estuvo jaleada por un partido político que ejerció la acción popular. Y como la enorme mayoría de las veces que cualquier asociación muy ideologizada formula esa acusación en un proceso penal, no es el altruismo lo que les mueve, sino un puro y exclusivo interés político. Es como hacerse publicidad casi gratis a costa de unos reos. ¿No sería hora, no ya de abolir la acción popular –una rareza jurídica a nivel mundial–, pero sí de limitar el elenco de sujetos que pueden ejercerla?

Esas dos reformas podrían tener hasta un alto grado de consenso científico. Además de ello, también sería hora de marcar los límites de apreciación judicial de la 'violencia' e 'intimidación', para no generar un efecto disuasorio en las protestas sociales. Aunque a veces resulten incómodas, son una garantía de existencia de la democracia tan importante como la propia prensa. Los tiempos en que la gente se manifestaba con miedo ya deben ser solo historia.