Terrorismo y Estado

Las recientes declaraciones del exministro José Barrionuevo sobre su participación en la lucha contra la banda terrorista ETA mediante la utilización de la organización de los GAL, grupo terrorista utilizado al amparo ilícito e ilegal de organismos de Estado, ponen de manifiesto, una vez más, la importancia que tuvo la eficaz intervención de la justicia española, así como de su máximo órgano de interpretación constitucional, el Tribunal Constitucional, al no conceder el amparo a quienes recurrieron la sentencia de la jurisdicción ordinaria.

Los estados democráticos sometidos más que nadie a la ley y a la Constitución no pueden, en ningún caso ni por razón alguna, utilizar los medios que utilizan las bandas criminales para combatirlas, a pesar de que cierta cinematografía pueda justificar el mal para la obtención de un bien superior, algo que la razón y la moral necesariamente deben rechazar. Afortunadamente, la fuerza del Estado democrático reside, entre otras cosas, en la independencia de los distintos poderes del Estado y en el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales sobre los que se asienta la democracia.

Prueba de ello son las propias declaraciones del exministro, que, habiéndolo negado en su día ante los tribunales, ahora lo acepta e incluso lo justifica. Es por tal razón que él y otros responsables de los GAL fueron acertadamente condenados y cumplieron sus condenas.

Afortunadamente, ni los GAL ni ETA existen, a pesar de que haya quienes aún crean que pudieron tener una justificación, que en ningún caso podían tenerla.

Ampararse en el poder del Estado para delinquir no ha sido algo que no haya sucedido en la historia. Sin embargo, la democracia ha permitido desde siempre, allí donde ha arraigado, desenmascarar a quienes por medios ilícitos, criminales y prevaricadores lo han intentado o incluso conseguido. La justicia ha condenado por distintos delitos a ministros, presidentes autonómicos, directores generales de la Guardia Civil, responsables de los servicios secretos del Estado, miembros de la familia real, alcaldes, concejales, personalidades civiles, militares e incluso eclesiásticas, por sus delitos.

En tal sentido, es lógico que familiares de las víctimas de la banda criminal ETA, como es la viuda del que fue vicelendakari Fernando Buesa, lo condene. Nada justifica el asesinato, sea por motivos políticos o no políticos. La vida de la persona es sagrada y el Estado democrático, a diferencia de lo que ocurre en los estados dictatoriales o tiránicos, basados en el terror y la arbitrariedad, es el máximo garante de la vida de los ciudadanos y debe condenar en su ordenamiento jurídico cualquier contravención. Nunca como ahora es preciso ser exquisito en la división de poderes para que cada uno de ellos vele por lo que la Constitución democrática les tiene reservado. Esa y no otra es la garantía de la democracia.

Cuidado, pues, con la responsabilidad de cada cual, esté o no esté en el servicio público, ya que es precisamente en los ciudadanos en quien reside la soberanía nacional de la que emanan todos los poderes del Estado, como indica el artículo 1 de la Constitución. La seguridad de la democracia está, pues, en manos de todos nosotros.