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Melilla en la zona gris

La responsabilidad primera en cómo se reaccionó al asalto a la valla y cómo no se atendió a las víctimas está clara. No tanto, si España se puede desentender

Migrantes en la frontera de Melilla.

Migrantes en la frontera de Melilla.

El pasado mes de junio, cerca de 2.000 inmigrantes subsaharianos intentaron forzar su entrada en territorio español, a través de la frontera de Melilla, confiando en su número y, en esta ocasión, en el uso de instrumentos contundentes. No hay ninguna duda de que las cargas que realizó la gendarmería marroquí, en una situación de extrema tensión y de aglomeración, se hicieron sin tener en cuenta las consecuencias que pudieran suponer en la integridad física de quienes querían saltar la valla fronteriza en un antiguo puesto fronterizo cerrado y sellado. Tampoco que la atención que recibieron los afectados por la avalancha por parte de las autoridades del país vecino fue entre negligente e inexistente. El resultado, al menos 23 muertos; una cifra que distintas organizaciones no gubernamentales elevan hasta la cincuentena, sin que la opacidad de las condiciones en que los fallecimientos fueron registrados permita ir más allá.

Todo sucedió, más que en una angosta «zona de nadie» como alega el Ministerio del Interior español, en una amplia zona gris con muchas dudas que resolver y responsabilidades que aclarar. Y las resistencias que se han sucedido durante estos últimos cuatro meses a despejar estas incógnitas, a pesar de que el ministro Fernando Grande-Marlaska haya insistido reiteradas veces que está absolutamente claro que los hechos sucedieron en territorio marroquí y con una actuación proporcionada y legal de las fuerzas de seguridad españolas, han llevado, casi tanto como el documental de la BBC que ha devuelto a la actualidad esta tragedia, a que el caso siga más abierto que nunca. Convertido en motivo de división en la coalición de gobierno y de preocupación para Moncloa. 

La posición del PP no por indefinida es más fácil de analizar: se debate entre la posibilidad de debilitar políticamente al Gobierno, incluso esgrimiendo como modelo a seguir la actuación mucho más objetivamente reprobable de un Ejecutivo popular en las muertes de El Tarajal, y las dudas de hacerlo en una materia (la defensa de la actuación de los cuerpos policiales y el control de las fronteras) en las que tanto su electorado como el que se disputa con Vox tienen una actitud en absoluto crítica. También es previsible la postura de unos socios de Gobierno o investidura que tienen en este tema una de las señales diferenciales frente al PSOE. Pero más allá de movimientos tácticos, lo sucedido merece mucha más claridad. Que solo ahora Marlaska haya accedido a dar explicaciones incluyendo los vídeos que según algunos cuestionarían su versión, en sede parlamentaria y sin la protección de la confidencialidad de la comisión de secretos oficiales, es un gesto, pero que llega tarde.

El Gobierno no tendrá problemas en contar con una mayoría parlamentaria que le apoye en un principio básico como que España tiene derecho a regular el paso a sus fronteras, y que en caso de se produzcan intentos de paso con características de asalto debe hacerse todo lo posible para garantizar la integridad física de las personas sin descartar que puedan suceder situaciones trágicas. Pero la duda, más que razonable, parece centrarse en si los hechos sucedieron en una parcela de territorio administrado por Marruecos o más bien en territorio jurisdiccionalmente español de cuyo control solo ha hecho dejación informalmente. Eso puede tener implicaciones que van más allá de debatir cuál fue la respuesta policial y de si la Guardia Civil debería haberse implicado de forma más activa en la solución del incidente. La responsabilidad principal de Marruecos es evidente. Pero debe aclararse si se devolvió a inmigrantes heridos o incluso cadáveres desde territorio español, en una situación en que el concepto difuso de devolución en frontera es muy difícil aplicar, y si se omitió la obligación de que, en este caso, las expulsiones se produjeran con control judicial y ofreciendo la posibilidad de ejercer el derecho de asilo. Pero demasiadas cosas en la reformulada relación entre España y Marruecos parecen estar envueltas en una bruma que nadie tiene demasiado interés en despejar.