Sánchez contra Guindos

Para ganar elecciones y poder gobernar, los líderes prometen y gesticulan demasiado. Cierto, un candidato no aspira al Nobel de Economía y no debe ser ajeno a las pulsiones sociales. Felipe González, buen presidente, prometió en 1982 crear 800.000 puestos de trabajo. No se crearon –ni de lejos– en aquella legislatura, pero quería ganar. Y Macron tiene un ministro del Interior –Darmarin– para el que la seguridad va muy ligada a un férreo control de la inmigración. No quiere que la extrema derecha, que ya tiene 89 diputados, escale posiciones.

Pero distinguir entre la atención a los problemas que preocupan a la opinión y el deslizarse por la pendiente populista no es siempre fácil. ¿Qué hace Feijóo cuando dice que revisar la sedición es ir contra la Constitución y justifica así la no renovación del Consejo del Poder Judicial? Más preocupante es que el desliz no sea de un candidato, sino del presidente del Gobierno.

Cuando Sánchez pide más recursos públicos para proteger a España de la crisis está en sintonía con el FMI. Vale. Y como no se puede aumentar la protección solo topando el precio del gas o emitiendo deuda –Italia, España y Francia tienen demasiada–, es comprensible el impuesto temporal a las energéticas con “beneficios caídos del cielo”. La conservadora presidenta de la Comisión de Bruselas también lo cree razonable.

Pero pretender que en un mercado único España contradiga los usos europeos tiene muchos riesgos. Y pasa tanto con el impuesto a las grandes fortunas como con el extraordinario a la banca. Que los ricos sean solidarios ante la crisis es correcto. Pero por algo será que el impuesto sobre el patrimonio no existe en ningún país del euro. Porque es obligar a pagar por algo que ya ha tributado (doble imposición) y porque afecta, por ejemplo, a los accionistas de empresas que no repartan dividendos (más posible en las que no cotizan en bolsa). Y es un impuesto que abolió Zapatero y que no recuperó hasta la gran caída de los ingresos públicos por la crisis de 2008. ¿Es ahora oportuno agravarlo, cuando además hay muchos ricos que pueden eludirlo?

Vamos al impuesto extraordinario a la banca. La idea puede ser popular cuando el Santander, el BBVA y el Sabadell anuncian que sus beneficios han aumentado un 25%, 45% y 92% respectivamente en los nueve primeros meses de este año. Pero no son “caídos del cielo”, porque el BCE mantenía unos tipos de interés anormalmente bajos para ir contra la crisis y porque muchos vienen del descenso de las provisiones para créditos fallidos. Y los tipos del pasivo (que pagan los bancos por los depósitos) tendrán que subir y la morosidad puede resurgir. Y el BCE ya ha acabado con las subastas extraordinarias de liquidez que animaban los créditos de la banca.

El BCE cree que la buena marcha económica exige reforzar el capital de los bancos, condicionado por los beneficios, y que el aumento de costes –también los impositivos– debe repercutirse a los clientes (lo contrario a lo pretendido aquí). ¿El BCE se entromete? En todo caso, no siempre a favor de la banca, porque el presidente de Société Générale, un gran banco francés, Lorenzo Bini-Smaghi, se queja por escrito de que el BCE quiera estar en las reuniones del Consejo de Administración. El BCE cree que los bancos son clave y teme interferencias inoportunas.

Por eso Sánchez se equivoca cuando critica a una institución clave que además tiene 400.000 millones de deuda española. ¿Recuerdan que Hillary Clinton era prudente con China porque –dijo– no conviene enfadar al banquero de Estados Unidos?

Y es más absurdo embestir contra el español que está en el Comité Ejecutivo (seis personas) del BCE. Todos los países: Francia (Lagarde), Alemania (Isabel Schnabel), Italia (Fabio Panetta)… quieren estar ahí y el presidente descalifica a Luis de Guindos porque fue ministro de Economía de Rajoy. España tiene dos políticos valiosos (Borrell y Guindos) en el puente de mando europeo y atacarlos por razones de política interna (o creer que Guindos actúa en el BCE como Sánchez en Moncloa) indica que el presidente, que con toda legitimidad quiere ganar las próximas elecciones, confunde este objetivo con lo conveniente para España. Un grave error porque su primer deber es gobernar.

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