Pensiones

A los 'viejos' no se les aparta

La subida de las prestaciones de acuerdo con el IPC es una cuestión de justicia social y de solidaridad intergeneracional, que son las que garantizan la cohesión social

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Pensiones / Joan Cortadellas

Mercè Perea

Mercè Perea

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Joan Manuel Serrat lo acertó en su canción “Llegar a viejo”. 

Esta sociedad, la nuestra, es especialmente cruel en su trato con los viejos. Y es que, después de haberles sacado todo su jugo, ¿qué diría de nosotros como sociedad si se les apartara, se les condenara al pacto del hambre, les humilláramos y los abandonáramos? 

En 2020, “los viejos”, que decía Serrat, se vieron abandonados en las residencias y el covid-19 arrasó con la vida de muchos de ellos. La Comunidad Madrid es un claro ejemplo de esto. Absolutamente reprochable. 

Para los socialistas es de justicia social generar certidumbre y seguridad en los mayores. Y, para ello, la sostenibilidad económica y social del sistema es la base.

Uno de los primeros pasos del presidente Pedro Sánchez en 2018 fue subir las pensiones de conformidad al Indice de Precios al Consumo (IPC).

Es importante recordar aquí que la reforma de las pensiones del Partido Popular de 2013 no garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones, sino que empujaba a la pobreza de nuestros pensionistas con un recorte del 40% en 20 años, reduciendo el gasto 'de cuajo' y esquilmando el fondo de reserva que Zapatero dejó en 61.772 millones de euros.

Por su parte, la reforma laboral del Partido Popular precarizó el empleo y los salarios, provocando una caída en picado en los ingresos de la Seguridad Social que acabó generando su mayor déficit histórico.

Pasado el tiempo, todos somos conscientes del rechazo social que tuvieron ambas reformas. Porque fueron reformas que no contaron con el necesario respaldo de la sociedad, hasta tal punto de que la reforma en pensiones fue derogada en 2021 con un amplio consenso, tanto en el Congreso de los Diputados como en el diálogo social.

Restringir el poder de compra en los mayores es inaceptable social y económicamente, porque la mayoría de pensionistas no tiene ingresos alternativos a los que recurrir, por lo que su empobrecimiento se cronifica y aumenta a lo largo de su vida.

No cabe decir que hoy los pensionistas tienen mayor capacidad económica que los jóvenes para justificar la congelación de las pensiones. ¿Alguien se cree que, porque a los pensionistas no se les aplique el IPC, los jóvenes van a encontrar empleo? Una confrontación ficticia que la derecha usa indiscriminadamente, haciendo gala de las palabras de Serrat: “Los mayores son de usar y tirar”.

Pero es que, además, hay estudios, como por ejemplo el de Analistas Financieros titulado 'Soluciones para la Jubilación', del 14 de noviembre de 2017, que ponen negro sobre blanco que el recorte en pensiones del 40% en 20 años propuesto por el PP provocaría un 'crack' económico, al caer el consumo de una parte importante de la población, con la consiguiente caída de 3 puntos porcentuales del PIB y la pérdida de más de 750.000 puestos de trabajo.

Y después de 9 años de aquella reforma de 2013, derogada con amplio consenso social y político, la derecha vuelve a caer en el mismo error.  

Feijóo ahora rechaza cumplir la ley, es decir, rechaza subir las pensiones según el IPC. Y Arrimadas, de Ciudadanos, dobla la apuesta añadiendo una presunta y estéril confrontación intergeneracional por unos mezquinos votos.

Y uno se preguntará: ¿cuál es la razón de esta obsesión enfermiza de la derecha con el IPC?

Un interés espurio. Para la derecha, las pensiones son un negocio. Un peso del 11% del PIB. Una porción del pastel muy apetitosa como para dejarlo en manos públicas. Y esa es su pretensión histórica.

Las pensiones suponen un esfuerzo importante de las cuentas públicas, un 42% sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Cierto. Sin embargo, países de nuestro entorno tienen un gasto en pensiones, en términos del PIB, bastante superior al nuestro. Italia, Francia y Alemania, son algunos de ellos. 

Además, la inflación que estamos sufriendo es un episodio transitorio, por lo que la respuesta ha de ser puntual.

No respetar esta vinculación al IPC de las pensiones haría quebrar el principio de contributividad y podría tener el efecto perverso de desincentivar la cotización por las bases máximas. Además de romper el pacto de solidaridad intergeneracional que contiene el sistema público de pensiones y que nos ha identificado como una sociedad inclusiva.

Y un argumento más: solo el 7% de los pensionistas de este país están en pensiones máximas. Entonces, ¿de qué ahorro estamos hablando?

Francamente, los ataques de la derecha y de las opiniones publicadas en medios, la mayoría financiados por las entidades que ven las pensiones como un negocio, se sustentan en la nada. Como es nada el discurso de Feijóo.

Y, para generar confianza, tan importante es la acción del Gobierno desde 2020, que ha reducido el déficit de la Seguridad Social del 1,6% sobre el PIB -que M.Rajoy dejó en 2018- al 0,5% previsto para el 2023; como que, por primera vez en once años, el fondo de reserva vuelva a dotarse gracias al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, previsto en la actual ley de Pensiones. Así como explicar que los ingresos por cotizaciones sociales se están incrementando en un 10,7%, con máximos históricos de afiliación a resultas del dinamismo de la mejor calidad del empleo que ha tenido lugar debido a la reforma laboral. 

Y de todo esto ni la derecha ni los desatados de las pensiones privadas dicen nada.

¿Por qué?, ¿cuál es el problema de las pensiones? El periodista Pere Rusiñol lo decía claramente: el problema se llama fondos privados.

Este Gobierno de coalición ha puesto pie en pared al negocio desalmado de las entidades financieras. Primero, reduciendo el límite a las aportaciones a planes individuales. Segundo, con la ley de planes de pensiones de empleo, al optar por los planes colectivos. Y, por último, al limitar las comisiones a percibir por las aseguradoras. 

Hoy, los apocalípticos vuelven a hacer creer que el sistema está quebrado. Ante eso nuestro reto es explicar a la opinión pública que el sistema es sostenible y que los pensionistas de hoy y del futuro van a cobrar pensiones dignas gracias a que el poder adquisitivo está garantizado.

Y acabo como empecé. Con Serrat. “(…) Si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima”.  

Y a los que hoy aún no hemos llegado a la edad de nuestros mayores decirles que: de no ayudarles a envejecer con dignidad, difícilmente esta sociedad se sentirá en la obligación moral de hacerlo con todos nosotros. 

En cualquier caso, y desde la perspectiva socialista, esta es una cuestión de justicia social y de solidaridad intergeneracional, que son las que garantizan la cohesión social. Y esto nos incumbe a todos.