Artículo de Guillem López Casasnovas Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Sobre la bondad del gasto público

Es abusivo considerar que todo lo que alguien piensa que puede ir bien para la cohesión social supone una inversión en el ‘capital social’ de la comunidad. Hace falta adjetivar el gasto

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Sobre la bondad del gasto público

Observo cierto abuso de la palabra ‘inversión’ -que en la liturgia económica tiene un valor ‘capital’- a la hora de argumentar a favor de propuestas indiscriminadas de mayor gasto público. No es gasto corriente, gasto cualquiera, sino que es ‘inversión’, se dice, y ‘social’, además, si procede de los presupuestos.

Como decía reiteradamente Fuentes Quintana, del gasto público hay que conocer los apellidos: quiénes son su ‘padre y su madre’, tanto de procedencia como de quien lo mantiene. Aumentar el gasto sanitario, por ejemplo, puede ser inversión si promueve así la investigación en I+D, si promueve la prevención o si ahorra bajas laborales, pero no si indiscriminadamente se destina a sueldos y salarios o a determinadas compras de fungibles que, simplemente, hinchan demanda, precios y excedentes de unos pocos. Lo mismo en la educación, o en servicios sociales sin conocer destino o tasas internas de rendimiento del gasto.

Es abusivo considerar que todo lo que alguien piensa que puede ir bien para la cohesión social supone una inversión en el ‘capital social’ de la comunidad. Hace falta, como decimos, adjetivar el gasto. Y es que, en el mercado, cuando alguien compra libremente un bien o accede a un servicio podemos dar por supuesto que, como mínimo, para el adquirente ‘vale lo que cuesta’, 'good value for money', como dicen los anglosajones, puesto que de lo contrario no lo habría comprado. En el gasto público esta prueba del algodón no se puede dar por supuesta: tenemos que evaluar costes y beneficios de manera sistemática, y si puede ser con criterios menos obtusos que las cinco ‘Es’ (economía, eficacia, efectividad, eficiencia, equidad) o similares, que algunos reclaman con cierto alboroto conceptual, que tanto protege la discrecionalidad del decisor.

Hecha la evaluación del gasto, hay que valorar la forma de financiación: financiado el gasto con impuestos, aquel argumento de impacto parcial sobre el bienestar pierde virtualidad, puesto que en el bienestar derivado del gasto hay que contabilizar las pérdidas de bienestar que crea su financiación sobre quien lo tiene que pagar, ni que sea colectivamente. Por eso estas contribuciones se llaman ‘impuestos’, ¡no donativos! Los contribuyentes sufren, en consecuencia, una reducción de su renta y, más todavía, estos tributos distorsionan los precios relativos de los bienes según como se apliquen, o afectan a los incentivos de esforzarse para ganar renta o a arriesgar para una ganancia de capital. Es lo que se llama ‘exceso de gravamen’. El valor ‘en la sombra’ de esta pérdida de bienestar no es fácil de cuantificar, pero haberlo, haylo. Y se tendría que restar, en todo caso, a los supuestos bienestares que el gasto, conociendo génesis y destino, puede provocar.

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Se abusa también de querer mostrar la trascendencia de un determinado gasto o actividad cuantificando los impactos de arrastre, multiplicadores de la actividad de manera directa e indirecta, con tablas 'input-output' o similares, como si estos arrastres por el contrario no se fueran a producir si la inversión o el gasto, lo que se quiera, fueran privados en lugar de públicos. No todos los sectores de gasto son ‘creadores de riqueza’.

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En resumen, el gasto público puede ser en forma de prestación de servicios en especie o bien una pura transferencia monetaria a familias y empresas. La provisión de servicios puede hacerse en producción directa (capítulo de sueldos y salarios, mayormente) o a través de la concertación (compra de servicios). Las transferencias pueden ser condicionadas o no, y compensando, si procede, un esfuerzo de los receptores o beneficiarios. Y este gasto se puede financiar con ingresos más o menos afectados, tasas, precios públicos, contribuciones especiales o por diferentes modalidades de hecho, gravados con impuestos. Hacer 'tabula rasa', obviar todos estos detalles para argumentar la permanente bondad de cualquier gasto público como inversión social, con sus efectos multiplicadores, suena a insulto a la inteligencia.

Finalmente, hay que evaluar el gasto público para asegurar que se dirige al objetivo que se dice querer lograr, que utiliza instrumentos adecuados y con el sacrificio de recursos, si no mínimos, digamos al menos que lo hace a costes razonables, sin derroche. Nada de todo esto está garantizado. A menudo el 'hashtag' de gasto creador de riqueza, inversión para la prevención que tendría que evitar un gasto futuro, es una excusa que esconde la incomodidad de su evaluación.