Código Penal y democracia no militante

Cinco años después de la efímera declaración de independencia resultado de la aplicación del mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre, la tensión política en Catalunya y en el conjunto de España se ha reducido ostensiblemente pero la cuestión catalana sigue condicionando la política española. Esta circunstancia se ha hecho nuevamente patente en la suspensión por parte del PP de las negociaciones, aparentemente muy avanzadas, que debían culminar en un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el organismo fundamental para el buen funcionamiento de la justicia en España, cuyo mandato está expirado desde hacer cerca de cuatro años. En esta ocasión la suspensión no ha respondido a discrepancias en cuanto a los candidatos a vocales, como ha sucedido en las anteriores ocasiones en las que las negociaciones se ha visto bloqueadas,  sino a una cuestión ajena al asunto como es la rotunda oposición por parte del PP:  la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición en el Código Penal.

Una reforma que constituye el principal compromiso del ejecutivo socialista en favor de la desjudicialización del conflicto catalán y precisamente uno de los pocos frutos que puede arrojar la Mesa de Diálogo sobre Catalunya entre los ejecutivos español y catalán,  y que, tras muchas dilaciones, los socialistas han decidido emprender justamente en el marco del proceso de negociación de los presupuestos generales del Estado, de los que a su vez dependen los de la Generalitat de Catalunya a merced de los intercambios mutuos entre socialistas y ERC.  La situación es pues endiablada. El PSOE necesita al PP para lograr la mayoría de tres quintas partes de Congreso y Senado que la Constitución exige para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que necesita a ERC para aprobar los presupuestos y este partido le exige para la reforma del Código Penal.

En política a veces hay problemas que se resuelven solos pero cuando se trata de la cuestión catalana, la experiencia nos dicta que el paso del tiempo no hace más que exacerbarlos. Pedro Sánchez debería haber tomado buena nota de lo que le sucedió a Mariano Rajoy pero ha optado por imitarle y se ha dormido en los laureles pensando que con la concesión de los indultos ya estaba todo resuelto. No lo estaba y ahora todo son prisas cuando es sabido que las prisas son malas consejeras. Plantear justo ahora, en plena negociación de los presupuestos y de la renovación del CGPJ, la reforma del Código Penal es un suicidio porque las contradictorias exigencias cruzadas del PP y de ERC pueden abocarlo todo al fracaso.  

La casualidad ha querido, además, que esta semana se haya hecho público un informe del Consejo de Europa que concluye que defender la independencia de forma pacífica se enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión y no puede ser considerado delito. Esto es algo ya se da porque España no es una democracia militante, es decir no restringe los derechos de aquellos ciudadanos que luchan contra el orden constitucional y por ello es posible defender la independencia aunque la Constitución, en su artículo 2, se fundamente en la "indisoluble unidad de la Nación española". Se pueden defender sí y el único límite es precisamente el Código Penal. El problema ha surgido cuando el intento de ejecución unilateral de la independencia ha desempolvado los delitos de rebelión y sedición, los tipos recogidos en el Código Penal que fueron concebidos para afrontar unas determinadas situaciones históricas y que ya no se adaptan a las actuales circunstancias. Indudablemente nunca se legisla en abstracto sino como respuesta a problemáticas sociales y políticas pero ello nunca debe desembocar en una legislación 'ad hoc' y mucho menos en limitarse a discutir si se deben reducir las penas del delito de sedición como pretende el PSOE o endurecerlas como ha planteado el PP. El debate de fondo debe versar en torno a cuáles son las conductas susceptibles de ser consideradas delito de sedición en el marco de un estado democrático no militante y ello debería producirse al margen de cualquier otra negociación y sin supeditarse a cualquier otra problemática porque es una cuestión de Estado.

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