Artículo de Joan Tardà Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Reforma del Código Penal y Presupuestos

Los dirigentes de ERC son conscientes de que la negociación no podrá avanzar si no se da en un escenario de respeto escrupuloso a las normas democráticas, para lo cual es imprescindible enterrar la represión judicial

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Leonard Beard.

Leonard Beard.

Que Esquerra Republicana no haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Estado tendría que invitar al optimismo, porque haría suponer que las conversaciones para modificar el Código Penal van por buen camino. Una demanda republicana imprescindible en pro de la desjudicialización del 'procés', ahora que sus votos son ineludibles a Pedro Sánchez, que, conseguida, acallaría las ves independentistas opuestas a la vía de ERC, de conquista de un escenario progresivo de diálogo y negociación con el Estado.

Una estrategia que Pere Aragonès ha madurado al afirmar que, posteriormente, permitiría dar un paso adelante en la mesa de diálogo, en cuanto a negociar un hipotético referéndum en la próxima legislatura. Declaraciones sensatas y realistas, de acuerdo con el convencimiento de los republicanos que en el empinado camino hacia la resolución del conflicto España-Catalunya los gigantescos escollos a superar obligan a no encadenarse al calendario de las prisas. Antes al contrario, porque los progresos solo podrán ser efectivos si las correlaciones de fuerzas de ambas partes son favorables. En todo caso, un hipotético escenario proclive a la negociación podría hacerse efectivo a partir de 2023, siempre y cuando unos y otros, socialistas y republicanos, supieran conservar los poderes logrados: el de Pedro Sánchez en La Moncloa, a pesar del asedio del PP y el de Pere Aragonès en el Palau de la Generalitat, a pesar de la actual soledad de los 33 escaños de ERC.

Es meritorio que el 'president' se haya comprometido en sede parlamentaria a impulsar un “acuerdo de claridad” para ofrecer al Estado, el recorrido del cual ciertamente se ignora atendiendo la beligerancia de Junts per Catalunya y la CUP y la regresión que supone el posicionamiento de Salvador Illa respecto al socialismo del año 2015, cuando el también secretario general Pere Navarro era receptivo a la posibilidad de pactar una consulta con el Estado. De agradecer, pues, el atrevimiento de Pere Aragonès a la hora de formular iniciativas, de las cuales se puedan ir destilando soluciones.

Haría bien el PSOE en actuar de igual manera y no se limitara a rechazar mecánicamente cualquier propuesta sin explicitar cuál es la suya y no rehuyera explicitar qué ofrece al conjunto de los catalanes, más allá de las repetitivas y genéricas apelaciones al autogobierno.

Y desasosiega que, ya iniciado el trámite parlamentario del proyecto de Presupuestos, todavía desde el Gobierno español se haya seguido haciendo declaraciones, incluso por boca del mismo presidente, que pretenden hacer creer que no existen las mayorías necesarias para emprender la reforma del Código Penal. Argumento falso, al contrario, porque tan solo se requieren los mismos votos que posibilitaron su investidura o las cuentas del Estado en el actual ejercicio. De hecho, teniendo en cuenta las mayorías, tanto en el Congreso como en el Senado, el trámite podría estar terminado en pocas semanas, un periodo más corto que el que exige la aprobación del Presupuesto, antes de que acabe el año.

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En todo caso, como que la complejidad y la dificultad del momento político, económico y social actuales van adquiriendo categoría de amenaza a las actuales condiciones favorables para el entendimiento, genera incertidumbre la carencia de decisión del Gobierno español para hacer efectiva una intensa desjudicialización. De no hacerse, no solo pondría arena en los engranajes del diálogo sino que lo haría saltar. Cometería el PSOE, pues, una enorme irresponsabilidad si no captara que, para el republicanismo, es imprescindible que la negociación del proyecto de Presupuestos se haga en paralelo a la asunción de la modificación de la sedición, con el fin de desactivar la persecución del exilio y el descuelgue de causas judiciales, en trámite de instrucción o sentenciadas.

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Seguro que los dirigentes de ERC son muy conscientes de que la negociación no podrá avanzar si no se da en un escenario de respeto escrupuloso a los derechos y normas democráticas, para lo cual es imprescindible enterrar la represión judicial. De igual manera que son conscientes del enorme esfuerzo desplegado desde el año 2018, el de ellos y el de los afiliados y electores, que soportaron la carga de superar la esterilidad anclada en la melancolía de la unilateralidad, que todavía postula una parte del independentismo, y afianzar una vía amplia y progresiva, la de la Catalunya entera de Pere Aragonès, a la autodeterminación. Un camino que solo será más comprendido y más compartido por la ciudadanía si se condiciona la negociación de los Presupuestos a la modificación del Código Penal.

Paso a paso.