Ágora

La necesaria racionalización del patrimonio (inmobiliario) público

Las fórmulas para llevar adelante este proceso se basarían en la colaboración consensuada público-privada

Las rehabilitaciones de edificios son cada vez una necesidad más recurrente

Las rehabilitaciones de edificios son cada vez una necesidad más recurrente

Ricardo Martí-Fluxá

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El patrimonio público tiene un tremendo potencial a la hora de dinamizar la actividad urbanística, que no siempre se está aprovechando. El informe de fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, elaborado por el Tribunal de Cuentas, señala que el 21% de sus inmuebles está vacío o sin uso, lo que ha supuesto gastos e inversiones de 143 millones de euros. Para sacar un mayor rendimiento a este patrimonio y posterior retorno es imprescindible que gane en eficiencia, tanto de su uso como en materia de sostenibilidad. La descarbonización de nuestros equipamientos, imprescindible para el progreso de nuestra economía y nuestra sociedad, y los fondos Next Generation son una oportunidad para acelerar este proceso.

En el caso de España se juntan dos elementos que explican la urgencia de impulsar la racionalización del patrimonio. Nuestro país tiene uno de los parques públicos más envejecidos del continente. Se estima que más de la mitad de las viviendas, sedes administrativas, centros de salud o colegios tienen una antigüedad de más de 40 años y precisan una urgente rehabilitación. Entre otras razones, se explica porque hasta los años 80 no se disponía de una normativa que regulara las condiciones técnicas de estos activos, con lo que su capacidad de mejora es grande y precisa modernizarse hacia estándares más ecológicos. En estas circunstancias, podría llegar a plantearse que una reforma puede ser costosa y compensaría la venta del inmueble a un operador privado de 'leasing', pero esta reflexión necesita ser valorada en profundidad. Desde ACI nuestra recomendación es no tomar decisiones precipitadas y trabajar en un proyecto de consultoría 'ad hoc', para ver cuál es la mejor solución en cada caso.

Para llevarlo a cabo, nuestra propuesta desde ACI es que esta necesaria racionalización del patrimonio se ponga en marcha a través de fórmulas de colaboración consensuada público-privada. Nuestro sector ha mostrado su fortaleza y resiliencia ante situaciones adversas y se postula como un socio seguro en el resurgir del patrimonio inmobiliario.

En esta labor tan estratégica contamos con varias herramientas que nos proporciona el avance tecnológico, el desarrollo de las fuentes renovables, y medidas de flexibilidad de usos y suelo.

La digitalización agiliza los procesos burocráticos y trámites, al implantarse gradualmente en la administración, e implica mecanismos de automatización y control como el internet de las cosas, la domótica o el 'big data', que hacen que nuestra vida pueda ganar en confortabilidad y seguridad.

Rehabilitar energéticamente el patrimonio construido es una acción a la que debemos dedicar nuestros recursos y esfuerzos. Los edificios son, a día de hoy, responsables de casi la mitad del uso global de energía y generan alrededor de un 40% de emisiones de gases de efecto invernadero. Las energías renovables son instrumentos de los que nos podemos valer para optimizar las instalaciones. La tendencia es llegar a generar más energía de la que el consumidor precisa, y generar un excedente que pueda ser reutilizado en el mismo inmueble o incluso suministrado a la red de distribución.

Otro mecanismo práctico y útil para poder ganar en suelo edificable sería un mayor apoyo público a la hora de flexibilizar su uso. La realidad es que falta superficie para construir y el que hay a veces tiene un precio no competitivo. La cesión de más suelo público para proyectos público-privados contribuirá a paliar la falta de oferta, especialmente en grandes urbes y zonas de costa.

La rehabilitación de espacios que, en ocasiones, deriva en toda una actuación regenerativa de la ciudad requiere una inversión importante que siempre hay que ver a largo plazo, pues la rentabilidad económica llegará más pronto que tarde, mientras que el beneficio social ya es una realidad desde el principio de su transición ecológica. Con la reestructuración del patrimonio se hace un uso responsable de los recursos y se gana en eficiencia y ahorro energético.