El acuerdo de claridad: lecciones del pasado y panorama comparado

El ‘president’ Aragonès se ha comprometido a trabajar para tejer un acuerdo de claridad que identifique unos criterios compartidos para ejercer el derecho a decidir como lo han hecho Canadá y Quebec, y como lo han hecho, y cree que volverán a hacer, el Reino Unido y Escocia. Quiere que los favorables y contrarios a la independencia acuerden unas reglas de juego para que un futuro referendo y su resultado sean aceptados por todas las partes.

Una primera virtud de esta vía es que tiene la voluntad y capacidad de seducir a un amplio grueso de la sociedad catalana. El ‘president’ apela a "la Catalunya entera": no se dirige a la frágil mitad de Catalunya que quiere la independencia, sino a la gran mayoría que se muestra favorable a resolver el conflicto político a través de una consulta popular. El acuerdo de claridad busca tejer complicidades y consensos más allá de las filas independentistas.

La vía de la claridad quiere superar los déficits del referéndum del 1 de octubre de 2017. Dado que las llamadas leyes de desconexión chocaban frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional, fueron inmediatamente impugnadas y suspendidas. La ausencia de acuerdo político y los graves vicios de constitucionalidad supusieron una falta de participación de los partidos y votantes unionistas en el referéndum. Faltó una deliberación apropiada sobre los pros y contras de crear un nuevo Estado. También faltaron garantías democráticas y jurídicas, así como reconocimiento europeo e internacional. Estos déficits abrieron paso a la coerción central y todo ello perjudicó gravemente la legitimidad del referéndum.

Parte del independentismo finalmente ha asumido que, en un contexto como el actual, la legitimidad depende en buena medida del pacto político y la legalidad. Así pues, es necesario cargarse de paciencia para procurar, con mayorías amplias y voluntad sincera de negociar, el acuerdo político y el encaje jurídico de una fórmula razonable para ejercer la autodeterminación.

El acuerdo de claridad se inspira en dos casos pertinentes: los de Quebec y Escocia, donde los referendos de soberanía y secesión se han canalizado por vías compatibles con los respectivos ordenamientos jurídicos y han conseguido la participación de los votantes unionistas. Fueron genuinas expresiones de la voluntad del conjunto de quebequeses y escoceses, y no simples movilizaciones secesionistas. De hecho, tal fue la participación de los unionistas en estos referendos, que siempre se impuso el voto contrario a las opciones soberanistas e independentistas.

Las virtudes de la vía de la claridad no la libran de problemas, el primero de los cuales está relacionado con las diferencias entre los respectivos trasfondos constitucionales y políticos. En contraste con la constitución británica y en menor medida con la canadiense, la Constitución española es contenida en un solo documento escrito en forma de código, proclama la indisoluble unidad de la nación española y ese precepto es extremadamente difícil de reformar. Asimismo, la cultura política española contrasta con la británica y la canadiense a la hora de dar voz y voto a sus pueblos para que se puedan autodeterminar.

Este trasfondo ha contribuido a encarar el debate de forma bastante diferente. En España se ha defendido y negado apasionadamente la existencia de un derecho a la autodeterminación (incluida la secesión) de un territorio como Catalunya, mientras que en Reino Unido y Canadá el debate ha sido más práctico: qué expresión de voluntad y apoyo popular debería darse para que surgiera una obligación de negociar un nuevo estatus político para Escocia y Quebec. En España, como en muchos otros estados del mundo, el debate todavía se concentra en cuestiones políticas, filosóficas y constitucionales profundas, en detrimento de cuestiones más institucionales y pragmáticas como las referidas a la claridad.

El requisito de la claridad aparece en el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá sobre la secesión de Quebec. Este célebre dictamen de 1998, emitido después del segundo referéndum quebequés de soberanía de 1995, concluye que si los quebequeses expresan por vía de referéndum una voluntad clara de separación, surgiría un deber de negociación sobre el futuro político de Quebec. Tal deber de negociación surgiría siempre que los quebequenses respondieran a una pregunta clara con una mayoría clara.

En 2000, el Parlamento canadiense aprobó una ley para dar efecto al requisito de la claridad. Según esta ley federal (dicha ley de la claridad), una pregunta clara es aquella que versa de forma directa sobre la secesión. Esta misma ley, en cambio, no concreta qué es una mayoría clara y simplemente dispone que será el Parlamento federal quien, una vez celebrado el referéndum de independencia, lo decida.

Esta ley federal fue inmediatamente contradicha por una ley quebequense que estableció que el pueblo quebequés tiene derecho a decidir libremente su régimen político y su estatus legal. Esta ley provincial especifica que la opción ganadora en un referéndum sería la que obtuviera más de la mitad de los votos válidamente emitidos.

Mientras que en 2012 se logró un acuerdo político sobre el referéndum de independencia entre los gobiernos británico y escocés (aceptado y vehiculado a través de los respectivos parlamentos), no existió un acuerdo similar entre el Gobierno canadiense y el quebequés, sino más bien una tolerancia a los referendos de soberanía convocados desde Quebec. Tal acuerdo o aquiescencia comportaron la celebración pacífica de los referendos y fomentaron la participación de los votantes unionistas.

Actualmente, el Gobierno británico rechaza pactar un nuevo referéndum de independencia de Escocia, que la primera ministra escocesa querría celebrar en octubre de 2023. Ante la incapacidad actual de acordar políticamente un nuevo referéndum, el Gobierno escocés ahora pide el amparo del Tribunal Supremo británico. Si finalmente no puede convocarse un referéndum legal y acordado, la líder escocesa sostiene, con buen criterio, que las elecciones tendrán que ser encaradas y leídas en clave referendaria.