Final judicial del caso Maristas

En febrero de 2016, EL PERIÓDICO empezó a destapar el caso Maristas, a raíz de las denuncias por pederastia que Manuel Barbero, padre de una de las víctimas, formuló contra el colegio de los Hermanos Maristas de Sants-Les Corts. Desde entonces, y en una labor galardonada por el premio Ortega y Gasset y por el premio internacional Save the Children, fuimos conociendo los detalles de un delito que no solo afectaba a un centro sino a una entera organización. Afloraron 51 denuncias contra 18 docentes en 6 escuelas implicadas, y se llegaron a contabilizar más de un centenar de afectados por hechos acaecidos entre 1962 y 2018. Solo se pudieron tramitar cuatro de las demandas y solo se vio implicado, por culpa de la prescripción de los delitos, un profesor, Joaquim Benítez.

El caso Benítez es paradigmático y escalofriante y no es hasta ahora que podrá cerrarse definitivamente, al menos desde el punto de vista penal, sin contar, por supuesto con las secuelas psicológicas y morales que afectan a las víctimas. Condenado en abril de 2019 por la Audiencia de Barcelona, después de haber confesado él mismo los hechos en una entrevista a este diario tres años antes, confirmada la sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, está en libertad desde que surgieron las primeras acusaciones (hace 2.400 días) y, de manera sorprendente, 1.200 días después de la condena inicial. La confirmación por parte del Tribunal Supremo del delito continuado de abusos sexuales con agravante de prevalimiento, con una condena de 21 años y 9 meses, y con una indemnización a las víctimas que asciende a 120.000 euros, es el cierre judicial que desembocará definitivamente en prisión para el exprofesor de Educación Física.

En este asunto, sin embargo, no cabe hablar solo de la conducta delictiva de una persona (fueron muchas más, entre ellas Arnaldo Farré, que murió sin asumir responsabilidades penales), sino de la aquiescencia, el silencio o la protección de toda una organización y, por extensión, de la Iglesia católica. En febrero de 2020, el Institut Germans Maristes y la asociación Mans Petites, impulsada por Manuel Barbero, llegaron a un acuerdo para la compensación económica a 25 de las víctimas, que no evita el dolor de las familias pero que sienta un precedente para otros afectados, en el primer caso de una congregación que reconoce la culpa. «Tenemos que cambiar mucho para luchar contra el abuso infantil», ha declarado Barbero. En España, a diferencia de otros países en los que la persecución penal y la asunción de responsabilidades han sido ejemplares, todavía queda mucho por hacer. Tanto desde las instituciones como desde la propia Iglesia. Los casos más emblemáticos son los de Estados Unidos y Australia, y, desde la propia organización eclesial, el de Francia, con una comisión independiente promovida por la propia cúpula episcopal (CIASE) que fue demoledora en sus conclusiones. 

En España, tras muchas vacilaciones y obstáculos, parece que prosperará la comisión que debe dirigir el Defensor del Pueblo, con el propósito de reparación a las víctimas y para evitar casos futuros, mientras que está por determinar el funcionamiento de otra comisión propia de la Iglesia, a cargo de un bufete de abogados próximo a la institución, en una muy discreta reacción de la Comisión Episcopal Española (CEE) que no parece comulgar con iniciativas más radicales, incluso del Vaticano, a raíz de la toma de posición del papa Francisco.