Política y seguridad

El cuerpo de los Mossos d’Esquadra lleva demasiado tiempo en el candelero. Y eso no es bueno, ni para ellos, ni para los ciudadanos, ni para la democracia. Como cualquier otro cuerpo especializado de la Administración deben tener un estatuto que garantice su plena libertad de actuación operativa en aquello que les corresponde como técnicos en seguridad y en investigación criminal que, en muchas ocasiones, solo deben obediencia a la autoridad judicial. Pero este principio no puede aplicarse de manera absoluta. Porque la democracia exige que toda acción discrecional de la Administración sea sometida a escrutinio político en el Parlament. El presupuesto, la dotación, los protocolos de actuación o las prioridades deben ser decididas por el gobierno de turno. Cuando ejercen esa potestad, lo que hacen es cumplir con su deber, no interferir en la actuación policial profesional. La línea que no pueden traspasar es la de dar órdenes o pedir información en investigaciones bajo tutela judicial. Si eso ha ocurrido en los Mossos, como ha denunciado en la radio el ‘exconseller’ Sàmper, lo que se debe hacer es acudir a los juzgados como ha hecho el inspector al que alude, aunque en el ámbito administrativo y no en el penal. Esas líneas rojas no son fáciles de dirimir, pero no se pueden traspasar alegremente ni tampoco hacer como que no existen. El Parlament ha debatido infinidad de operativos policiales y de seguridad, desde la actuación de los antidisturbios a la lucha contra los incendios. Si la política no tuviera que intervenir en esas operaciones, y tuvieran que ser materia solo de los técnicos, esos debates no deberían haberse producido.

En los últimos años, la gobernanza de los Mossos no ha sido fácil porque Catalunya ha tenido gobiernos que alardeaban de saltarse la legalidad, cosa que les ponía bajo sospecha en relación con el cuerpo policial que ha visto con recelo esas maniobras. Pero tampoco lo ha sido por otros motivos. Por ejemplo, la figura del mayor Josep Lluís Trapero, con una graduación que le coloca jerárquicamente por encima de cualquier otro miembro del cuerpo, y convertido correlativamente en héroe y villano por los que en nombre de la autonomía profesional quieren interferir como el que más. Ningún ‘conseller’ ha sabido qué hacer con el ‘major’ cuando no ha sido el máximo dirigente del cuerpo. Una situación incómoda también para el propio Trapero que ve como unos y otros le usan como arma arrojadiza. Tampoco ha sido fácil deglutir en la policía catalana su rápido despliegue, que ha generado un tapón generacional en los mandos con unas primeras promociones más preocupadas por ser una policía homologable que por responder a las exigencias del Parlament.

Ante tanta confusión, los cambios constantes en la cúpula de los Mossos merecen una seria reflexión. Y el ‘conseller’ Joan Ignasi Elena debe dar la cara, explicarse y explicar para buscar en el Parlament apoyo suficiente para sus políticas de seguridad. Si buscan la feminización del cuerpo, su adaptación a una sociedad avanzada europea y la profesionalización, seguro que obtienen apoyos. Si lo que buscan solo es soslayar el peso histórico de Trapero o proteger determinados intereses de partido, que no políticos, entonces demostrará que ha sido un imprudente librando este pulso desde un gobierno en minoría. Elena tiene el bagaje, la experiencia y el coraje para hacer política sin caer en el partidismo o en el revanchismo. Pero el silencio no le ayuda en absoluto.